La mili inviable

SE COMPRENDE la preocupación del ministro de Defensa ante el imparable crecimiento del número de objetores, que puede hacer inviable el actual modelo de servicio militar; pero intentar resolver ese problema endureciendo las condiciones para la aceptación de la objeción de conciencia es tan realista como intentar retrasar el amanecer disparando contra el gallo.En 1979, primer año de vigencia de la Constitución, fueron 550 los jóvenes que invocaron el principio de objeción de conciencia, expresamente reconocido en dicha norma como una de las causas de exención del servicio militar. El año pasado fueron 68.000 los mozos que se acogieron a esa posibilidad: el 30% del contingente anual. No hace falta ser un lince para deducir que las razones de esos cerca de 70.000 jóvenes no son las mismas que las de la minoría de objetores genuinos de hace 15 años. Seguro que las razones no son, o no sólo, de conciencia en sentido estricto; que muchos de ellos son, como dijo ayer el director general del Servicio Militar, "objetores de conveniencia". Pero a estas alturas esa constatación es relativamente secundaria.

Lo verdaderamente significativo es que el portillo abierto por la posibilidad de sustituir el servicio militar por la prestación social sustitutoria (regulada desde 1984) ha revelado que la juventud española rechaza de manera cada vez más abierta el servicio militar obligatorio. Las encuestas vienen confirmando ese rechazo desde hace años. Ésa es la razón de que los sucesivos cortafuegos imaginados por Defensa para contener la extensión de la objeción hayan resultado desbordados casi de inmediato. La perspectiva de un ejército totalmente profesional estaba implícitamente asumida en el modelo mixto actual, que aspira a que la mitad de los efectivos sean profesionales el año 2000. La realidad ha ido más deprisa que las previsiones, y ninguna reforma legal será ya capaz de contener esa marea.

Con 100.000 objetores al año, ¿qué criterio objetivo de selección entre genuinos y de conveniencia es posible establecer entre ellos? ¿No sería más realista, entonces, plantearse ya abiertamente aquello que en el fondo se considera inevitable? El problema, se dice, es fundamentalmente económico: un ejército profesional es caro. Pero ¿no indica la experiencia que el coste de las reconversiones es mayor cuanto más se tarde en abordarlas? En todo caso, duela a quien duela, el actual sistema es, a pocos años vista, inviable.