El úItimo garrote

Barcelona La ejecución a garrote vil del joven estudiante barcelonés de ideas libertarias Salvador Puig Antich conmovió el 2 de marzo de 1974 a la sociedad catalana y dejó un poso de mala conciencia que, 20 años después, todavía perdura. Mucha gente creyó que si el régimen del general Franco no había podido aplicar en 1970 la pena de muerte a los. etarras del consejo de guerra de Burgos, no lo haría cuatro años después contra aquel muchacho. No fue así. Los grupos libertarios y radicales con los que se identificaba Puig Antich no pudieron levantar una protesta suficiente para conseguir el indulto. La familia de Puig Antich inició el pasado día 12 ante el Tribunal Supremo los trámites para que se revise el consejo de guerra que le condenó. El mundo entero veía a finales de 1973 y principios de 1974 que la larga dictadura de Franco se acercaba a su fin. También los franquistas se daban cuenta. La senectud del dictador era evidente. La muerte a manos de ETA del presidente del Gobierno y número dos del régimen, el almirante Luis Carrero Blanco, acabó con la principal posibilidad de continuismo. Frente a este callejón sin salida, se levantaba cada vez más alta la oleada de la oposición, a la que el franquismo no daba otra respuesta que la represión.

Para ocupar el puesto de Carrero Blanco, Franco nombró a Carlos Arias Navarro, un exponente de los núcleos duros del régimen. El 12 de febrero ofreció un vaga apertura política, en la que nadie creyó. Veinte días después, el 2 de marzo, la ejecución de Puig Antich daba la primera demostración de que, en vida de Franco, la dictadura sólo podía ser eso, una dictadura.

Sin garantías

La familia de Puig Antich sostuvo desde el primer momento que el consejo de guerra que le condenó a muerte se había celebrado sin las debidas garantías. Puig Antich fue condenado como autor de la muerte, el 25 de septiembre de 1973, de Francisco Anguas Barragán, uno de los policías que intentaban detenerle, junto con Xavier Garriga Paituví, otro miembro del Movimiento Ibérico de Liberación (MIL).

En la celada, tendida junto al bar Funicular, en la esquina de las calles de Girona y Consell de Cent, participaron cinco policías. Hubo un forcejeo, Puig Antich recibió dos heridas de bala, una en la boca y otra en el hombro. Hay testimonios de que el policía, muerto tenía cinco balas en el cuerpo -dos en las piernas, dos en el pecho y una en el vientre-, aunque en la autopsia constaban sólo tres. Nada de esto se aclaré en el consejo de guerra. Y el tribunal no permitió que se realizaran las pruebas balísticas con las que el abogado defensor intentaba demostrar que Anguas recibió también disparos de otro de los policías que intervinieron en la detención.

La familia quiere que se aclare que Puig Antich fue condenado sin las pruebas exigibles en un Estado de derecho, como en su día dijo el observador de la Asociación Belga de Juristas Demócratas, Serge Levy. En 1990, el Tribunal Supremo rechazó la propuesta de revisar el caso Julián Grimau, dirigente comunista que fue condenado y fusilado en 1963. La Sala de lo Militar del tribunal adujo que no se habían producido hechos nuevos que justificaran la revisión.

El recurso a la violencia revolucionaria fue una opción que en la segunda mitad de los años sesenta y la primera de los setenta tentó a los grupos más radicalizados del movimiento estudiantil. La revuelta estudiantil de mayo de 1968 les proveyó de todo tipo de eslóganes contestarios. Se inspiraban también en la lucha del anarcosindicalismo español, en la literatura maoista. Profesaban un desprecio total hacia los partidos comunistas oficiales, a los que consideraban integrados en el sistema capitalista que ellos aspiraban a eliminar.

Las confusas formulaciones políticas que movían a esa parte de los jóvenes estudiantes cuajaron en infinidad de grupos y grupúsculos que se hacían y deshacían con gran facilidad. Uno de ellos fue el MIL, del que formaba parte Puig Antich. Pretendía conseguir la liberación de la clase obrera por sí misma. Su principal ocupación fue realizar una treintena de atracos entre finales de 1971 y 1974. Los denominaban expropiaciones y destinaban sus frutos a apoyar huelgas obreras. Iban armados y no temían enfrentarse a la policía, pero nunca habían tenido choques que se saldaran con muertes. En agosto de 1974 el MIL se disolvió. Un mes antes de que casi todos sus miembros cayeran en manos de la policía, la docena de miembros que lo componían llegaron a la conclusión de que no iban a ninguna parte.