El anterior fiscal del Estado defiende a Alcobendas en un pleito con Justicia
Leopoldo Torres, ex fiscal general del Estado, deberá enfrentarse a sus antiguos subordinados.Y, si es preciso, negociar con ellos un acuerdo. El Ayuntamiento de Alcobendas le ha contratado para que defienda a este municipio de 82.300 habitantes en su contencioso con Justicia sobre la ocupación de un edificio. El equipo de gobierno municipal, socialista, ha elegido a Torres porque, "además de ser un buen abogado, conoce perfectamente las puertas del ministerio por las que se puede entrar", según declararon ayer el alcalde de Alcobendas, José Caballero, y el primer teniente de alcalde, Manuel Arguetes, ambos del PSOE.El PP de Alcobendas explica, por su parte, que se trata de un claro caso de "tráfico de influencias", y agrega que el acuerdo plenario autoriza a "interponer acciones judiciales y extrajudiciales contra Justicia". Este partido opina que en las actuaciones "extrajudiciales" entra en juego la experiencia de Torres. Los socialistas señalan que tal palabra explica la posibilidad de llegar a un acuerdo al margen del pleito.
PASA A LA PAGINA 3
El equipo de gobierno de Alcobendas ignora cuanto cobrará Leopoldo Torres al municipio
VIENE DE LA PÁGINA 1El contencioso emprendido por el Ayuntamiento se basa en que Justicia cuenta con dos locales en Alcobendas, uno en la calle del Fuego y otro en la calle de Orense. Este último fue cedido provisionalmente en 1991 por el Ayuntamiento, hasta que el ministerio ocupase el edificio de 4.200 metros cuadrados construido en el nuevo complejo Alcobendas 2000. Cuando se trasladase a este nuevo edificio, el ministerio pagaría al consistorio, en concepto de alquiler, 1.553 pesetas por metro cuadrado, IVA incluido. Es decir, más de 6,5 millones de pesetas al mes.
Igualmente, las dos partes acordaron que, al cabo de cinco años, el ministerio tendría opción de compra sobre el edificio, a razón de 224.250 pesetas el metro cuadrado. En total, unos 900 millones de pesetas. Del precio se detraería un porcentaje de la cantidad total en concepto de alquiler. El director general de servicios del ministerio, Ramón Giménez de Muñana, aceptó la oferta del Ayuntamiento.
No hay dinero
Pero el Ministerio de Justicia no es ajeno a la crisis económica. A los pocos meses tuvo que desistir de sus planes. El 18 de agosto de 1993, la subdirectora de servicios de Justicia, Margarita Robles Fernández, envió una carta al alcalde para anunciarle que se abandonaba el proyecto.
Dos meses después, el alcalde, José Caballero, en un intento desesperado de convencer al ministerio, rebajó el precio del alquiler. Sin embargo, la nueva oferta tampoco fue aceptada.
Ayer mismo, el pleno del Ayuntamiento votó a favor, con la abstención del PP, de que el ministerio abandone y desaloje el edificio prestado. El alcalde justifica esta medida: "Somos un Ayuntamiento organizado y teníamos previsto la utilización de estos locales a principios de este año".
Sin embargo, según el portavoz del PP, Francisco Extremera, "el alcalde se vengó del desplante echando al ministerio del local que el Ayuntamiento le había cedido gratuitamente".
A partir de ese momento, el Ayuntamiento decide contratar los servicios del anterior fiscal general. En primer lugar le encarga un informe sobre las posibilidades de éxito que tendría un pleito con el Ministerio. En su informe, el jurista responde que se puede actuar tanto por la vía civil como por la contractual, y también a través de la junta arbitral. El primer teniente de alcalde, concejal de Hacienda y de Asesoría Jurídica, Manuel Arguetes, desconocía ayer la minuta de este trabajo de Torres: "Creo que nos la incluirá al final, cuando termine las actuaciones legales"."Contra un gigante"
Francisco Extremera, portavoz del Partido Popular, se queja, por su parte, de que se desconozca la cantidad que se va a pagar al ex fiscal. "De todas formas, es incomprensible que se le encargue la defensa del municipio cuando en el Ayuntamiento existe un equipo jurídico completo". En Alcobendas, hay tres abogados, que ganaron la oposición, en la asesoria jurídica municipal.
José Caballero -que se confiesa amigo de Torres- explicaba ayer la razón para la contratación del ex fiscal: "Nuestros tres abogados son para el trabajo diario. Son generalistas y gente muy joven sin demasiada experiencia. Hemos contratado a Torres porque tiene muchos más conocimientos y porque sabe por dónde se puede entrar en el Ministerio de Justicia. Este pequeño Ayuntamiento lucha con todas sus fuerzas contra el gigante administrativo".
Francisco Extremera se limita a añadir: "Creo que sobran comentarios".
Este periódico no logró ayer obtener la versión de Leopoldo Torres.
La normativa sobre incompatibilidades
Leopoldo Torres cesó como fiscal general del Estado por acuerdo del Consejo de Ministros el 3 de abril de 1992. La Ley de Incompatibilidades señala precisamente un plazo de dos años en el que queda limitada la libertad profesional de quienes han ejercido determinados cargos públicos.Esta ley prohíbe, en su artículo 12, "el desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los últimos dos años o tenga que intervenir por razón del puesto pú blico". En el caso de Leopoldo Torres, no se había producido intervención alguna en este caso concreto durante su etapa como fiscal general. Los concejales del PP de Alcobendas, que critican la contratación de Torres por motivos éticos, admitieron ayer que, desde el punto de vista legal, no existen trabas para que el ex fiscal general acepte defender al Ayuntamiento en este pleito contra el Ministerio de Justicia.
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