Ofensiva para mejorar la protección a los solicitantes de asilo

La presión de quienes piden que los solicitantes de asilo puedan recurrir a los jueces ha convertido a Felipe González en juez. La divergencia de. opiniones, incluso en el seno del PSOE, ha dejado en sus manos el veredicto: aceptar o no que quienes solicitan refugio tengan derecho a un recurso judicial que suspenda su expulsión de España, cuando el Gobierno no admita a trámite su petición de asilo. Los socialistas se enfrentan al riesgo de un calvario político como el de la ley Corcuera. Bastaría que un juez planteara una cuestión de inconstitucionalidad, a instancias del abogado de un solicitante de asilo, para que el Tribunal Constitucional se pronunciara.Para los dirigentes de algunas organizaciones no gubernamentales y expertos en derecho constitucional, si la regulación del derecho de asilo aprobada por el Parlamento no prevé un recurso ante los jueces que deje automáticamente en suspenso la orden de, ser expulsado de España, es dudosa su constitucionalidad. Juan María Bandrés, presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), ha enviado una carta a González en la que le ruega que medie para que ese recurso judicial quede reconocido en el proyecto de ley de reforma del derecho de asilo.

El proyecto será debatido, y sometido a aprobación, el próximo miércoles en la Comisión Constitucional del Congreso. La Incertidumbre existente en este momento sobre la redacción definitiva de la ley se debe a las opiniones contradictorias sobre la constitucionalidad del texto actual, y refleja la firmeza de quienes mantienen tesis antagónicas en el grupo socialista.

Garantía constitucional

Bandrés ha transmitido a González el reproche personal y de un importante colectivo de personalidades a lo que consideran el olvido de una garantía establecida en la Constitución: "que no se reconozca [en el proyecto de ley] que el solicitante cuya petición de asilo no se admite a trámite por el procedimiento sumario, cuya consecuencia inmediata es su. expulsión o devolución al país de origen, tenga derecho a un recurso que suspenda cautelarmente la decisión ministerial".Bandrés indica que podría ser la Audiencia Nacional quien resolviera ese tipo de recursos. Jueces para la Democracia, Aministía Internacional y la Asociación pro Derechos Humanos se han pronunciado en términos casi idénticos. La APDHE ha anunciado que solicitará al Defensor del Pueblo que presente un recurso de inconstitucionalidad si la Ley de Asilo no incorpora la citada tutela judicial.

El representante en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Guilherme Da Cunha, adopta una actitud diplomática: "Lo que abunda no daña. Si hay una protección judicial, tanto mejor. Nosotros lo que exigimos es que ante la inadmisión a trámite en primera instancia, el solicitante, de asilo tenga derecho a que se, reeaxamine su solicitud. Y eso está reconocido en el proyecto".

Para el delegado de ACNUR, citado profusamente por el Gobierno como aval de su proyecto y criticado por ello por los dirigentes de varias asociaciones humanitarias, la regulación del derecho de asilo que propone el PSOE "no es mejor ni peor que la de otros países europeos".

Al igual que este diplomático, el ponente socialista en el debate sobre esta ley, Francisco Valls, invoca un matiz que sus contendientes en la polémica citan poco: el problema del que se está hablando afecta sólo a los extranjeros cuya petición de asilo se considera infundada.

Frente a esa perspectiva, el representante de IU, Diego López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional, apela a la realidad cotidiana: en la mayoría de las ocasiones, quien informa de si una petición es manifiestamente infundada es "el policía de turno", que juzga por apariencias más que por datos.