Un decreto funerario

Una de las industrias en las que Madrid es cabeza indiscutible en el panorama nacional es la cinematografía, con el 85% de la producción española realizada en nuestra capital. No es ningún secreto que la crisis que padece nuestra Comunidad no es, en absoluto, ajena al cine. Todos sabemos que el sector audiovisual es especialmente sensible a los avatares económicos que padecemos. Los poderes públicos de la Comunidad de Madrid, a instancias del Grupo Popular, se han preocupado del asunto, e incluso se consiguió aprobar una moción que proponía varios puntos instando al Gobierno de Leguina a estudiar, y en su caso resolver, problemas específicos que afectan a esta industria, madrileña por excelencia.Justo después de la aprobación de esta moción, el Ministerio de Cultura elaboró un decreto-ley que pretendía ayudar a la creación cinematográfica, pero, como en casi todo lo que interesa de forma especial a Madrid, se apoya la solución equivocada.

No nos sorprende en absoluto el criterio empleado por los autores de este engendro legal, que pretende solucionar la situación del sector audiovisual y que va a conseguir justo lo contrario por varias razones que podemos definir como catálogo de injusticias.

Injusticia por agravio comparativo con cualquier otra industria que quede a la luz de la libre competencia después del GATT, cosa muy saludable y beneficiosa para el ciudadano, que podrá elegir entre los productos ofertados el que más le guste y/o el que le resulte más barato; no así entre productos audiovisuales que le llegarán en función de la cuota y, por lo tanto, su elección no será tal, porque las posibilidades estarán condicionadas de forma viciosa. Es como si dijeran: "Si usted quiere ver La guerra de las galaxias tiene que sentarse primero a presenciar una película danesa".

Injusticia dentro del propio sector, porque el decreto sólo beneficia a los productores; a exhibidores y distribuidores se les ponen tales trabas a su negocio, con las cuotas de pantalla, que ponen en peligro la subsistencia de buena parte de las salas de exhibición cinematográfica. Se ven obligados a programar un tipo de cine que, objetivamente, tiene muchos menos espectadores (no veo a nadie cambiando su entrada para ver una película luxemburguesa en vez de Aladino), y no podrán mantener su negocio.

Injusticia con los espectadores, que se encontrarán con una especie de cartilla de racionamiento cultural que huele a lo peor de la política de este tortuoso siglo XX. ¿Se imagina alguien que las tiendas de discos estuvieran obligadas a vender un disco de rap belga cada vez que vendiesen uno de Witney Houston? Pues casi es eso lo que pasará con este decreto.

Injusticia con los canales de televisión, que se ven obligados a emitir, no el cine que piensen que apetece a sus espectadores, sino el que proporcionalmente les asigna el decreto. Como si los informativos no pudieran informar de la guerra de Bosnia porque la cuota impusiera explicar la exportación italiana de tallarines. De locos.

El principal problema del cine es el descenso de espectadores, y esto es algo que este bochornoso texto no soluciona. Seguirá permitiendo a muchos productores hacer películas incapaces de llamar a taquilla al sufrido espectador. A este productor, con subvenciones, aranceles y cuotas, poco le importa si su película se ve o no, ya que tiene el negocio asegurado, al margen del acierto o no de lo que haga. El decreto de marras no ayuda al cine, lo embalsama como si de una momia. se tratase. Se da al cine un tratamiento de producto agrícola comunitario, desde el fúnebre punto de vista del proteccionismo. El cine europeo en general, y el español en particular, necesitan un acercamiento al público, al que unos productores caprichosos, que más bien parecen adictos patológicos a la subvención-protección, no parecen dispuestos a someterse. Se presentan inseguros su competencia profesional y pretenden todo tipo de blindaje que les permita ignorar de manera soberbia el veredicto del público.

Las protecciones a un sector son siempre viciosas y acaban por generar productos peores y menos competitivos. La mejora de lo audiovisual pasa, entre otras cosas, por rebajar impuestos y cuotas de Seguridad Socia y también por que muchos creadores decidan algún día hacer las cosas pensando en el público, que no es tan tonto como este reto presupone.

Disfrazar de defensa de la cultura lo que es una desmedida protección al subsector de los productores, por cierto poblado de amiguetes del poder, es una sencilla y perversa mentira. Por mucha sonrisa estereotipada y pose de moderna oficial, la señora ministra no va a convencer al ciudadano de que esta última arbitrariedad del socialismo mejore en nada lo audiovisual.

Un decreto que lo primero que consigue es el cierre masivo en señal de protesta de salas de exhibición cinematográfica sólo puede recibir el calificativo de fúnebre. ¡Qué lástima!

Con esta crítica parece que se carga toda la responsabilidad al Ministerio de Cultura, pero no es éste el único culpable. A pesar de que desde la Asamblea los populares hemos intentado infinidad de veces aportar soluciones, el Gobierno de la CAM hace oídos sordos o demuestra, una vez más, sus fallos de gestión. La Asamblea de Madrid aprobó una resolución, presentada por el PP, en la que se pide la creación de una Escuela Profesional de los Medios Audiovisuales, un estudio para que los rodajes en Madrid sean atractivos o analizar la posibilidad de un Festival de Cine en Madrid, para que nuestra ciudad no sea sólo la capital de la producción, sino también de la promoción y comercio del cine. De nada sirve todo esto si el consejo responsable no se decide a pasar las intenciones de las musas al teatro.

En definitiva, el socialismo, nacional o autonómico, no es bueno para el cine, como no lo es para Madrid.

es diputado del PP en la Asamblea de Madrid.