La crisis de la 'mili'

EL ACTUAL modelo de defensa nacional -Ejército mitad profesional, mitad de leva, en el horizonte del año 2000, flanqueado por un servicio social sustitutorio cada vez más enraizado en la juventud- se basa en una hipótesis que, de no verificarse, amenaza con hacerlo inviable: que el rechazo a la mil¡ obligatoria no pase de ser una opción minoritaria. Pues bien, esta hipótesis lleva camino de revelarse falsa si, como parece, los objetores al servicio militar superan en 1994 los 100.000, cifra nada desorbitada si se tiene en cuenta que se han contabilizado 10.782 sólo en el primer mes del año. Ello supondría un incremento del 57% en relación a 1993, en que hubo 68.209 objetores.No es extraño que este desarrollo fulgurante de la objeción de conciencia, unido al desafió civil que representa el movimiento cada vez más nutrido de los insumisos (9.393 en 1993, lo que constituye un aumento del 19% respecto del año anterior), comience a quitar el sueño a gobernantes y a responsables políticos. El director general de Asuntos Religiosos y Objeción de Conciencia ha advertido que de mantenerse este rechazo social al ritmo actual será inevitable el colapso del servicio militar obligatorio por falta de jóvenes dispuestos a prestarlo.

Pero no sólo la mili corre el riesgo de convertirse en una antigualla a los ojos de una juventud cada vez más distanciada de todo lo que aquélla representa. La avalancha de huidos de la mifi, amparados bajo el manto de la objeción de conciencia, amenaza con llevarse por delante el servicio social sustitutorio. No existe dispositivo alguno, ni público ni privado, capaz de satisfacer una demanda de 100.000 objetores al año. Por más que el ministro de Justicia haya anunciado la reforma de dicho servicio social en profundidad y haya multiplicado los convenios de colaboración con administraciones públicas e instituciones humanitarias no gubernamentales, incluidas obras asistenciales y misionales de la Iglesia católica. Un esfuerzo que ha supuesto duplicar las 25.000 plazas existentes pero que, probablemente, se revelará insuficiente a corto plazo.

Nuevamente se corre el riesgo, pues, de que las reformas legales y administrativas previstas sean meros emplastos de una situación que exigiría a marchas forzadas una cirugía más radical: la de articular de una manera distinta de la actual el principio constitucional que establece "el derecho y deber de los españoles de defender a España". Y no se ve cuál pueda ser esa otra manera que la de proceder a una profesionalización total del servicio de las armas, así como a un desarrollo del voluntariado social en el marco de una nueva ley de servicio civil. Una manera distinta, ciertamente, pero que no implica una ruptura radical con el actual modelo de defensa. Se trataría, más bien, de llevar hasta sus últimas consecuencias el principio . de profesionalización ya admitido y de ofrecer a los jóvenes una opción real y atrayente de compromiso solidario con la sociedad.

. Del elenco de argumentos barajados tradicionalmente contra la opción del Ejército profesional sólo el económico mantiene hoy día su virtualidad. Pero es imposible determinar cuál es el coste de un Ejército profesional sin previamente evaluar sus efectivos. 0 sea, que en el caso de España lo primero que se necesitaría es un debate nacional -en la sociedad y en el Parlamento- sobre esta importante cuestión. ¿Qué Ejército necesita España, en número y calidad de efectivos, para que su defensa militar sea disuasoria en tiempos de paz- y eficaz en los de guerra, así como para llevar a cabo dignamente sus compromisos internacionales, tanto en el marco de la ONU como de la OTAN? Es seguro que el contribuyente español no puede sufragar un Ejército profesional del tamaño del actual, pero no lo es tanto que no pueda hacerlo con uno estrictamente ajustado a esos objetivos, en el marco de las afianzas militares en que se sitúa España. En cualquier caso, es un debate que habrá que hacer, y más pronto de lo previsto, en tanto la crisis del servicio militar avance al ritmo galopante en que lo hace.