El Gobierno adjudica a dedo más de la mitad de los contratos de obras y suministros

El Gobierno adjudica a dedo más de la mitad de los contratos de obras y suministros. Pese al carácter excepcional de la llamada "adjudicación directa", la Administración utiliza la fórmula permanentemente, haciendo caso omiso de las advertencias que año tras año efectúa el Tribunal de Cuentas. De las 1.467 contrataciones realizadas por todos los departamentos en 1990 -últimos datos disponibles en el Tribunal de Cuentas-, 898 lo fueron por ese procedimiento. Otras 479 fueron adjudicadas por concurso, y sólo 90, por subasta, que teóricamente es el sistema que exige mayor número de controles. La Guardia Civil concedió a dedo todos los contratos en la última década.

En 1989, 617 contratos de los 1.234 analizados por el Tribunal de Cuentas también fueron adjudicados a dedo, y sólo 146 por subasta. Al analizar ese periodo, el tribunal indicaba que el método de subasta era el menos empleado en contratos de obras, pese a que la legislación vigente considera ese sistema como "el más propio y normal".El correspondiente informe advierte que la adjudicación directa debe ser un sistema "siempre excepcional por afectar al principio constitucional de igualdad de oportunidades", por lo que ha de emplearse, dice, "siempre de manera muy restrictiva y sólo cuando lo exijan de manera inexcusable las finalidades públicas perseguidas por contrato".

Obras Públicas, Educación, Interior y Justicia son los departamentos que en los últimos años adjudican un mayor porcentaje de contratos a dedo, si bien Transportes y Economía destacan por la cuantía de ese tipo de contratos.

Interior es el caso de más actualidad en estas fechas, puesto que la comisión parlamentaria que investigará la gestión del ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán tendrá que analizar los contratos que formalizó el cuerpo en ese mandato. En la última década -Roldán ha estado en la Guardia Civil de 1986 a 1993-, todos los contratos de obras del instituto armado han sido adjudicados a dedo.

El tribunal ha reprochado en numerosas ocasiones a la Guardia Civil el abuso de los contratos de obra a dedo, aunque estén escudados en razones de seguridad o urgencia, que a su entender no están justificadas. Además, lamenta la escasez de empresas invitadas a los concursos, y se queja de que en más de la mitad de los casos no haya existido concurrencia real, puesto que empresas distintas a las adjudicatarias llegaron a presentar en muchas ocasiones ofertas superiores al presupuesto de la contrata. De hecho, sólo había una oferta a considerar.

"Forma anómala"

"Prácticamente", señala el Tribunal de Cuentas, "no conocen otra forma de contratación que la adjudicación directa por razones de urgencia, que es una forma anómala de contratación". El tribunal precisa que, aunque muchas veces se acompañaba la declaración de urgencia, el dato parecía contradecirse con la lentitud observada en la tramitación del expediente de contratación o con los retrasos en la ejecución de las obras.

El tribunal critica la "amplitud" con la que la Guardia Civil utilizó en 1990 la contratación directa por mor de la seguridad, "al haberla aplicado a todas las obras del centro, cualquiera que fuera su ubicación geográfica".

Entre 1986 y 1993, mandato de Roldán, la dirección de la Guardia Civil realizó entre 15 y 20 adjudicaciones directas de obra como media anual, por un monto total aproximado de 75.000 millones. El proceso de adjudicación era el siguiente: Luis Roldán facilitaba una lista de tres a siete empresas para ser invitadas a cada uno de los concursos. Un arquitecto, elegido discrecionalmente por el propio director general, se encargaba de materializar el proyecto técnico.

La elección del arquitecto solía estar acompañada de factores de amistad o recomendación. Ángel Fernández Ordoyo, marido de Esther Fernández, ex responsable de prensa de Roldán, fue agraciado con uno de los proyectos más rentables, contrato que le supuso 104 millones por unas obras en Melilla. El arquitecto Adolfo García Ríos, amigo del ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, fue otro de los arquitectos elegidos dentro de una amplia nómina de 80 profesionales que llegaron precedidos de recomendaciones de altos cargos de la Guardia Civil y de la Administración en general.

Concluido el proyecto por el arquitecto, un teniente coronel o coronel lo supervisaba, y a continuación se enviaban las invitaciones a las firmas preseleccionadas.

Los sobres con las ofertas -cerrados con lacre o cinta adhesiva firmada- se abrían en presencia de un comité, que solía estar integrado por Roldán, el subdirector general de Apoyo, el coronel responsable de acuartelamiento s, el jefe técnico de este departamento y un capitán del servicio técnico.

La oferta más barata resultó siempre la adjudicataria entre 1986 a 1993, según coinciden en afirmar tres de los participantes en esa comisión.