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Los padres de Susana Ruiz siguen convencidos de que fue asesinada

Jan Martínez Ahrens

El caso de Susana Ruiz sigue abierto un año después de que se descubriera su cadáver en un descampado de Vicálvaro. Su familia, convencida de que fue asesinada, ha reactivado la investigación judicial al solicitar nuevas actuaciones. Las sospechas se dirigen hacia los compañeros que rodearon a la fallecida, de 16 años, en sus últimas horas. En apoyo de la tesis de que Susana murió de forma violenta -hecho no demostrado por la investigación policial-, los padres aportan un informe elaborado por un forense contratado en el que se concluye que la causa de la defunción aún no ha sido aclarada.

"No vamos a permitir que se cierre la investigación", afirmó ayer en conferencia de prensa Angel Ruiz, padre de la niña. Mañana se cumplirá un año del hallazgo del cadáver, descubierto en un descampado tras 46 días de desaparición.El cuerpo, con los pantalones bajados, estaba semienterrado. La autopsia no encontró signos de violación ni rastros de droga. La policía, que durante la desaparición consideró que se trataba de una fuga, investigó la posibilidad del asesinato. Esta posibilidad se diluyó al no avalar los especialistas que la muerte fue violenta.

Ahora, la familia, con el letrado Hermenegildo Pérez Bolaños, ha decidido dar un nuevo impulso a la investigación. Para ello ha designado como perito al catedrático de medicina legal de la Universidad de Sevilla Luis Frontela. Este forense ha estudiado todos los informes elaborados sobre la muerte de Susana y ha determinado que ninguno ofrece una explicación suficiente de la muerte. Frontela tratará, según la familia, de resolver esta supuesta incógnita.

El catedrático ha intervenido, no sin cierta polémica, en numerosos casos de gran repercusión pública. Así lo hizo en el crimen de Los Galindos, que quedó sin esclarecer, o en el síndrome tóxico por consumo de aceite de colza, donde, en un principio, mantuvo que el envenenamiento se debió a los metales pesados liberados por las sartenes. Posteriormente, culpó del mal a los organofósforados. Para validar su hipótesis guillotinó a siete monos. Su investigación fue severamente censurada por la Audiencia Nacional.Otra línea seguida por la familia ha sido solicitar al juez que interrogue a 24 conocidos y amigos de Susana, y que practique 19 careos entre ellos. Estos jóvenes estuvieron el 9 de enero de 1993 con la fallecida en una casona próxima a donde fue hallada muerta. Celebraban un cumpleaños. Fue la última vez que oficialmente se la vio viva.

"Tampoco está claro que hubiese una fiesta", manifestó el letrado, quien también ha pedido que se someta a una prueba grafológica a 31 personas. El objetivo es desentrañar quién escribió con rotulador una cantidad de dinero en una tira de papel negro hallado en la ropa de Susana.Censura a la poficíaEstas actuaciones son fruto de la sospecha de la familia de que la clave de la muerte puede ocultarse entre los conocidos de la víctima. "Hay cosas dudosas por parte de los amigos de Susana. Hay muchas contradicciones en sus declaraciones. Nunca se han dirigido a nosotros. Dan la callada por respuesta" comentó Ángel Ruiz, quien mostró su insatisfacción con la investigación de la policía. "Acongoja que en un año no se haya aclarado nada", manifestó.

La conferencia de prensa se celebró en el Instituto Las Musas, donde estudió Susana. Su director, Juan Martos, ha enviado un escrito al juez que investiga el caso para que esclarezca los hechos. "Hay demasiadas lagunas, demasiadas justificaciones torpes", señala, en el escrito.

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Sobre la firma

Jan Martínez Ahrens
Director de EL PAÍS-América. Fue director adjunto en Madrid y corresponsal jefe en EE UU y México. En 2017, el Club de Prensa Internacional le dio el premio al mejor corresponsal. Participó en Wikileaks, Los papeles de Guantánamo y Chinaleaks. Ldo. en Filosofía, máster en Periodismo y PDD por el IESE, fue alumno de García Márquez en FNPI.

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