Justicia advierte que el aumento de la objeción en España, único en el mundo, es un "problema de Estado"

"A todos nos preocupa. Es un tema auténticamente de Estado".'E1 director general de Asuntos Religiosos y Objeción de Conciencia del Ministerio de Justicia, Pablo Santolaya, se refirió ayer con estas palabras al espectacular aumento del número de objetores de conciencia en España que, según reconoció, "no tiene parangón en ningún país" del mundo.Santaloya, que compareció por vez primera ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, admitió que, de continuar la actual tendencia, en el futuro podría ponerse en peligro la existencia del servicio militar obligatorio, al no haber jóvenes suficientes para satisfacer las necesidades de los ejércitos.Durante 1993, un total de 68.209 jóvenes presentaron su solicitud para ser reconocidos como objetores de conciencia. Del 1 de enero al 21 de febrero de este año, las solicitudes fueron 10.782. Con estos datos, Santolaya estimó que a final de este año el número objetores puede rondar los 106.000. La objeción es, en su opinión, un fenómeno "urbano, propio de clases medias y universitarios".Plan de 3.000 millones

El Ministerio de Justicia está ultimando un plan, que presentará en dos semanas al Consejo de Ministros, para normalizar la prestación de los objetores de conciencia de aquí a 1996. Se trata de evitar que alguien no cumpla su obligación por falta de plaza y de acortar el tiempo de espera desde que un joven es reconocido como objetor hasta que se le llama para incorporarse. La demora se prolonga ahora de 24 a 36 meses.

En 1993 han sido llamados a la prestación 26.778 objetores y a lo largo de este año se espera crear casi 28.000 nuevas plazas El número de objetores reconocidos y pendientes de incorporación asciende a 115.779.

No obstante, Santolaya reconoció que este plan, que requiere una dotación de 3.000 millones de pesetas, "puede resultar insuficiente para reconducir el fenómeno de la objeción en sus actuales dimensiones".

El alto cargo de Justicia agregó: "Esto escapa a mi responsabilidad administrativa e incide sobre un conjunto de trascendentales decisiones que deben ser abordadas por la sociedad española a través de sus legítimos representantes". Se refería al proyecto de Ley del Servicio Civil, en el que está trabajando el Gobierno y que supondría un cambio radical en el modelo vigente tanto de servicio militar como de prestación social.

Por otra parte, según el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC), en España hay 9.393 insumisos, que se niegan a realizar tanto la mili como la prestación sustitutoria. Hay 145 en la cárcel; de ellos, 56 en segundo grado, sin posibilidad de salir durante el día de prisión. En 43 casos, el motivo es haber quebrantado el régimen abierto.