Huida de necesidad

NO PARECE que esta vez las autoridades militares vayan a prestar más atención a la fuga protagonizada por 18 soldados del cuartel General Asensio, de Palma de Mallorca, que a los supuestos malos tratos que la han provocado. De actuar de ese modo serían reincidentes: el pasado año, dos soldados del mismo cuartel desertaron por hechos similares y, que se sepa, éstos no fueron investigados. Eso sí, los soldados fueron castigados con el arresto correspondiente. Quizás esa desidia ha traído los Iodos que un año después han provocado la forzada huida del cuartel de todo un grupo de soldados como única forma de denunciar la situación en que se encontraban.El mando militar, y en concreto el ministro de Defensa, han hecho pública su decisión de investigar los hechos denunciados y, si son ciertos, sancionar como corresponde a los culpables. Es la forma correcta de actuar. En principio, se ha dado a entender oficialmente que los hechos denunciados "pueden tener su origen en la dureza de unos ejercicios realizados en los últimos días por la COE" (Compañía de Operaciones Especiales), unidad a la que pertenecen los denunciantes.

Es lógico que a quienes integran una unidad militar de "operaciones especiales" se les someta a entrenamientos particularmente severos y a exigentes prácticas de supervivencia y acción de comando. Pero no parece que propinar patadas o puñetazos a los soldados sea la mejor forma de que éstos aprendan las tácticas militares. Deslindar claramente los métodos propios de un entrenamiento militar duro de las prácticas vejatorias en las relaciones del mando con sus subordinados debería ser uno de los objetivos de la investigación anunciada. De ese modo, será más difícil en el futuro que alguien se ampare en lo primero para practicar impunemente lo segundo.

El recurso a la agresión física y a la vejación psicológica en las relaciones del mando militar con los soldados constituye una indigna y abusiva práctica que ningún ejército digno de tal nombre puede tolerar en ninguna circunstancia. Y si se desmostrara que los soldados fugados han sido sometidos a maltratos físicos y psíquicos, no cabría exigírseles responsabilidad alguna por el abandono momentáneo del acuartelamiento. Sería grotesco que se les condenara a meses o, años de cárcel porque su actuación pudiera coincidir formalmente con un delito de sedición. Ningún juez podría dejar de considerar que se trata de un supuesto claro de actuación impulsada por un estado de necesidad. En este sentido, las primeras reacciones de las autoridades militares parecen responder a una evaluación realista de estas circunstancias.

También merece la atención de las autoridades militares esta imposibilidad práctica de que situaciones irregulares puedan ser corregidas en el interior de los cuarteles. Esto explica el procedimiento inusual y llamativo empleado por los soldados fugados para hacer pública su denuncia en lugar de utilizar el desacreditado e inoperante de la vía jerárquica. Los abusos, sin duda cada vez más minoritarios en las Fuerzas Armadas españolas, no sólo deben ser perseguidos y sancionados a posteriori. Más eficaz sería actuar preventivamente: extremar la vigilancia para que no encuentren la más mínima tolerancia o comprensión en los cuarteles, como no la tienen fuera de ellos, y establecer mecanismos próximos a la tropa para denunciarlos y reprimirlos en el acto.