Ira popular en Perú por la levedad de las penas impuestas a militares asesinos

La Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar de Perú ha impuesto penas de uno a 20 años de prisión a nueve oficiales y subalternos del Ejército que dieron muerte a nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta de Lima en julio de 1992 La sentencia del más sonado caso de derechos humanos en Perú ha suscitado duras críticas de diversos sectores ciudadanos, que consideran inadecuado que el juicio se haya realizado en un tribunal militar e impropias las penas impuestas por la Sala de Guerra.A las seis de la tarde del lunes, la Sala de Guerra abrió sus puertas, en una decisión de último minuto, a la prensa local e internacional, para que fueran testigos de la celeridad, eficiencia y dureza de las penas impuestas por el Tribunal Militar. Con tono marcial y voz entrecortada, un oficial fue el encargado de leer la sentencia contra sus compañeros de armas. Mientras esto sucedía, 11 militares, unos uniformados y otros de civil, escuchaban atentamente los cargos que se les imputaban y la sanción respectiva.

Los principales autores materiales del crimen, los comandantes Santiago Martín Rivas y Carlos Pichilingüe, fueron condenados a 20 años de prisión, lo que significa que saldrán en libertad en el año 2013. Los suboficiales Pedro Suppo, Julio Chuqui, Nelson Carvajal y Jesús Sosa, fueron sentenciados a 15 años.

Al general del Ejército, Juan Rivero, jefe de la dirección de Inteligencia del Ejército (Dinde) y al coronel Federico Navarro, jefe del frente interno del mismo organismo se les impuso la pena de cinco y cuatro años, respectivamente. En cuanto al capitán José Velarde, quien estuvo a cargo de la guarnición militar de la Universidad La Cantuta en la fecha en que ocurrieron los hechos, recibió la pena de un año de prisión por el delito de negligencia en agravio del Ejército.

Críticas ciudadanas

En la tolerancia del Tribunal Militar hacia los jefes de los autores materiales del crimen se origina una parte de las críticas. A los superiores acusados de negligencia se les ha impuesto penas de uno a cinco años.Casi la totalidad de juristas de Perú así como los familiares de las víctimas y los organismos de derechos humanos, juzgan que han quedado sin sanción los autores intelectuales del crimen, entre quienes se incluye a las máximas autoridades del Ejército y del Servicio de Inteligencia.

Otras fuentes de críticas es la inconstitucionalidad de la ley aprobada por el Congreso hace unos días para arrebatarle el caso a la justicia ordinaria y pasárselo a la militar. Esta violación, constitucional ha hecho descender diez puntos de popularidad de Alberto Fujimori.

Fujimori se encuentra en el periodo más bajo de su popularidad desde el golpe de Estado de 5 de abril de 1992. Aunque su popularidad sigue estando en el nivel del 50%, el caso La Cantuta la hace declinar continuamente.