El fiscal jefe defiende la 'ley del catalán', pero pide respeto a la elección de la lengua en la enseñanza

El fiscal jefe de Cataluña, Carlos Jiménez Villarejo, defendió ayer la constitucionalidad de la Ley de Normalización Lingüística, aunque se adhirió parcialmente al recurso presentado por el abogado Esteban Gómez Rovira en nombre de 113 padres que reclaman que sus hijos reciban la enseñanza en lengua castellana, durante la vista pública celebrada ayer por la Sala Segunda de lo Contencioso del Tribunal Superior de Cataluña (TSJC). El fiscal pidió al Tribunal que requiera a la Generalitat a que escolarice en la lengua habitual de elección a los niños de hasta 7 años, en aplicación de la propia ley del catalán.

Jiménez Villarejo defendió que el aprendizaje del catalán sea obligatorio en Cataluña igual que el castellano, pero consideró que la Generalitat no ha satisfecho el "derecho legítimo" de los padres a escoger la lengua de enseñanza en la educación infantil y el primer ciclo de primaria.El recurso de los padres agrupados en la coordinadora Cadeca va mucho más allá: pide que la enseñanza, a todos los niveles, se pueda cursar en Cataluña únicamente en castellano en aulas o centros segregados de los que utilizan el catalán como lengua vehicular. Gómez Rovira -autor de otro recurso que ha dado lugar a que el Tribunal Supremo presente cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de Normalización Lingüística de 1983- sostiene que los españoles sólo tienen la obligación de conocer el castellano. El conocimiento del catalán o de otras lenguas autonómicas es un derecho, no un deber, según el abogado.

Jiménez Villarejo se distanció de estas posiciones radicales y defendió que la cooficialidad del catalán y del castellano en Cataluña implica que ambas lenguas -"españolas las dos"- se enseñen con carácter obligatorio en las escuelas de forma equilibrada y no en centros o aulas segregadas. También consideró justo que la Generalitat proteja el catalán del atraso impuesto por razones históricas. Pero sí constató el fiscal una "cierta inflexión" en la política educativa de la Generalitat a partir de los decretos de 1992 de aplicación de la LOGSE.

Hasta entonces, argumentó, todas las órdenes y decretos autonómicos hacían referencia explícita al respeto de los derechos lingüísticos de los alumnos y a las medidas organizativas y didácticas necesarias para atender a los alumnos en una u otra lengua. Pero los decretos de 1992 ignoraron esas expresiones y otorgaron al catalán una "prioridad significativa" que antes no aparecía.

Por ejemplo, el decreto 95/ 1992 sobre aplicación de la LOGSE en la enseñanza primaria, citado ayer por el fiscal, establece los siguientes objetivos en el conocimiento de una y otra lengua al terminar esa etapa:

-"Conocer y utilizar correcta y apropiadamente la lengua catalana, y si procede el aranés [lengua de origen gascón hablada en el Vall d'Aran], tanto oralmente como por escrito, utilizándola normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje".

-"Conocer la lengua castellana a nivel oral y escrito de manera que pueda utilizarla apropiadamente como fuente de información y vehículo de expresión".

En esos decretos encuentra el fiscal el origen del conflicto que ha terminado en los tribunales: la extensión de la enseñanza en catalán a todos los niveles de la enseñanza, incluida la infantil y el primer ciclo de primaria, pese a que el artículo 14 de la ley del catalán reconoce el derecho de los padres a escoger la lengua de educación en esos niveles. "Sin duda", dijo Jiménez Villarejo, "ha habido quebranto" del derecho a la educación en esos niveles de la enseñanza.

Auto cautelar

El Tribunal emitió a finales de diciembre un auto cautelar en el que negaba a los recurrentes. el amparo para que toda la enseñanza de sus hijos fuera en castellano y se suspendiera la inmersión lingüística, pero sí acordó requerir a la Generalitat a escolarizar en castellano a los niños de hasta siete años cuyos padres lo hubieran pedido. El Departamento de Enseñanza argumentó que el auto confirmaba lo que ya se hacía mediante la atención individualizada en castellano a los niños que lo necesitaran. Jiménez Villarejo dijo ayer que consideraba que esto no era así antes del auto. Aunque dijo confiar "en la buena fe de la Administración" para creer que ahora sí se cumple el requerimiento judicial, el fiscal pidió al Tribunal que aquél se concrete en sentencia y no quede en un simple auto cautelar.El Tribunal accedió a la petición del letrado Gómez Rovira para que se tradujera al castellano la intervención en catalán del abogado de la Generalitat. Éste hablaba durante un minuto y una funcionaria traducía al castellano. El presidente de la Sala, Emilio Berlanga, pedía insistentemente al letrado que sus intervenciones fueran más cortas para facilitar el trabajo de la traductora. La situación devino tan absurda que el fiscal Jiménez Villarejo pidió al Tribunal que amparara el derecho del abogado a hablar en catalán sin que mediara traducción alguna, porque todos los presentes en la sala podían entenderlo. Gómez Rovira protestó y buena parte del público que asistía a la vista (un centenar de padres y simpatizantes de Cadeca) abandonó la sala.