El decano de los abogados de Madrid contra las escuchas ilegales a los presos

Luis Martí Mingarro, decano del Colegio de Abogados de Madrid, expresó ayer su "obligación de clamar públicamente por la desaparición" de micrófonos ocultos y grabadoras en cárceles como la de Alcalá-Meco (Madrid), por considerar que la existencia de "ese amenazante artilugio" no resiste "el más mínimo análisis legal". Martí Mingarro realizó esta "protesta, tan civilizada como enérgica", dijo, durante la conferencia sobre El secreto de las comunicaciones, que pronunció en el Club Siglo XXI, de Madrid, dentro del ciclo El cambio necesario.Martí Mingarro pidió a la sociedad "que se dé cuenta de la situación insoportable que pesa sobre los hombros de un abogado que comunica con su cliente en Alcalá-Meco ( ... ), en un lugar en el que sabemos" dijo, "que hay micrófonos ocultos y grabadoras que acaso están en ese momento funcionando".

El decano del colegio de abogados reconoció que "en los casos de terrorismo, el director de la cárcel puede llegar a suspender la comunicación abogado-cliente". E inmediatamente enfatizó: "Pero una cosa es suspender (para evitar la comisión de delitos de terrorismo, sólo de terrorismo) y otra cosa es interceptar y grabar, lo que sólo puede hacerse con autorización judicial". "Toda comunicación intervenida en la cárcel debe ser notificada previamente al interno y dar cuenta de ella al juez de vigilancia", añadió.

Ilegalidad permanente

Tras analizar los preceptos y la jurisprudencia aplicable, calificó la situación de "manifiesta y permanente ilegalidad", ya que "los dispositivos de grabación ocultos permiten la comunicación intervenida sin conocimiento de los afectados", y por tanto, con un eventual "incumplimiento de la reglamentación penitenciaria".El conferenciante insistió reiteradamente en que la abogacía no pide "exención ni franquicia alguna para la conducta de los abogados que entran en la senda del crinien", quienes "deberán ser investigados y sus comunicaciones pueden intervenirse bajo amparo y decisión judicial". En cambio, "nunca, nunca", repitió, "la comunicación abogado-cliente puede interferirse -sin que el juez la acuerde".

Aunque durante su conferencia no lo mencionó, Martí Mingarro aludió a la grabación ilegal de unas conversaciones mantenidas el año pasado por el abogado de Herri Batasuna Txemi Gorostiza con un interno en la cárcel de Alcalá-Meco. Recordó que. los "servidores del Estado que las obtuvieron sin respeto alguno para las normas básicas del Estado de Derecho ( ... ) dieron preferencia a la explotación publicitaria del suceso frente al cumplimiento de la ley, y tardaron 19 días en acudir al juez con el material obtenido".

En el coloquio posterior a la conferencia, afirmó que se han iniciado los trámites para exigir las responsabilidades penales pertinentes.