Solbes advierte a quienes ahora rondan los 40 años que pueden tener problemas futuros con su pensión

Los trabajadores que ahora tienen unos 40 años deben empezar a pensar en que no cobrarán su pensión de acuerdo con los criterios actuales. El ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, hizo ayer esta reflexión en voz alta, con vistas a lanzar un debate sobre el sistema público de pensiones de cara al año 2020. Este ministerio trabaja ahora en un escenario según el cual el gasto total en pensiones crecerá un 15r/o entre los años 1994 y 1997, sin tener en cuentael nuevo sistema de actualización en base al IPC previsto y la cláusula de revisión. Con más urgencia, el Ministerio de Trabajo acometerá antes de junio cuatro grandes reformas: el seguro de invalidez, el Inem, el desempleo y la salud laboral.

En declaraciones a Radio Nacional, Pedro Solbes, aseguró que todavía no hay problemas para el pago de pensiones, pero no ocultó que el actual sistema es insostenible a largo plazo. Dentro de 20 ó 25 años, los que ahora rondan los 40 años, se pueden encontrar con dificultades. La razón fundamental es que "está cambiando la pirámide de población", es decir, la población envejece y hay cada vez menos cotizantes y más pensionistas. Además, éstos tienen una expectativa de vida más larga.Ello plantea un problema de financiación del sistema público de pensiones que, según el ministro "debe cambiar". Solbes se mostró partidario de sustituir el actual sistema de reparto por otro más cercano al de capitalización. En la actualidad, la pensión está garantizada independientemente de la cantidad que se ha cotizado -se exige haber cotizado durante 15 años-, con un criterio "redistributivo. Se trataría, a futuro, de que la cuantía de la prestación esté más ligada a las aportaciones, con un procedimiento de cálculo similar al que se sigue en una póliza de seguro.

Fuentes del Ministerio de Economía aclaran que no se trata de ir hacia un sistema de capitalización puro, sino de introducir algunos cambios. Por ejemplo, no tiene sentido que exista una pensión mínima cuando hay la posibilidad de cobrar una pensión no contributiva, según las mismas fuentes. Ésta se percibe cuando no se reúnen los requisitos para tener derecho a una pensión normal por no haber cotizado lo suficiente.

La preocupación fundamental es que el gasto en pensiones se ha disparado en los últimos años. Según datos de Hacienda, entre los años 1989 a 1994 (previsión) el gasto en pensiones de la Seguridad Social ha pasado de los 3,328 billones de pesetas a 5,770 billones, con un crecimiento del 73,5%. Hasta el año 1997 lo previsto es un crecimiento del 20% sin tener en cuenta la actualización en base al IPC previsto ni la posible claúsula de revisión.

En cuanto a las clases pasivas del Estado (funcionarios que se jubilan), el gasto pasará de 389.900 millones de pesetas en 1989 a 690.200 en la previsión para 1994, con un incremento del 77%. Los cálculos de Hacienda prevén que este gasto se modere en los próximos años por las restricciones en la oferta de empleo público. La estimación es que las pensiones de los funcionarios públicos (sin actualización) crezcan un 8,8%.

Con mayor urgencia, el Ministerio de Trabajo acometerá antes de junio cuatro grandes reformas: la invalidez, el Inem, el desempleo, y la salud laboral, que serán negociadas con los agentes sociales y que tienden a completar la reforma del mercado de trabajo, actualmente en trámite parlamentario. En la reforma de la invalidez, que es la más avanzada, Trabajo va a suprimir la diferenciación entre incapacidad laboral transitoria e invalidez provisional, para integrarlas en una sola figura temporal, cuya duración será menor a los seis años actuales.

Ganar tiempo

De esta manera se reducirá el tiempo en que una persona permanece en la invalidez provisional hasta que se le dictamina la permanente. Con eso el departamento ministerial pretende la reinserción rápida en su empleo del trabajador que haya superado sus problemas de salud, sin agotar durante seis años la pensión, y atender exclusivamente a aquellos que verdaderamente lo necesiten.

Asimismo van a crear Equipos de Valoración de Incapacidades (EVI), formados por médicos dependientes de la Seguridad Social, para mejorar el control de la invalidez permanente con dos objetivos: mayor rigor técnico en la resolución de los expedientes con incidencia en las nuevas altas y la revisión de las pensiones en vigor, en función de la mejoría o no de la pensión de invalidez.