El Gobierno y el PP se dan de plazo esta semana para cerrar el pacto del 'impulso democrático'

El Gobierno y el Partido Popular quieren cerrar esta misma semana, a ritmo de marcha forzada, el paquete de medidas de impulso democrático -los populares prefieren llamarlas acciones para la "regeneración de la vida política"-. El ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el secretario general del Partido Popular, Francisco Álvarez Cascos, serán los encargados de discutir los últimos escollos en una reunión que celebrarán el lunes, a solas, en el palacio de la Moncloa. El diseño exacto de las comisiones de investigación será la principal materia de discusión.

Pérez Rubalcaba y Álvarez Cascos se abstendrán de poner sobre la mesa sus respectivos candidatos para las vocalías del Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, el Consejo de Seguridad Nuclear y el Consejo de Universidades. Los nombres propios quedan para una conversación entre el presidente del Gobierno, Felipe González, y el presidente del Partido Popular, José María Aznar.Los socialistas son conscientes de que antes de que termine el mes necesariamente deben aprobar estas cuestiones institucionales, sobre las que llevan discutiendo desde el pasado mes de julio. Sus interlocutores del Partido Popular no han hecho explícita la premura de la negociación, pero el PSOE y el Gobierno saben que ahora o nunca, porque se entra ya en tiempo electoral.

La situación está muy madura, de manera que el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba y el dirigente popular Francisco Álvarez Cascos llegan a la reunión del lunes con muchos asuntos trillados. Para que la reunión sea más operativa, será exclusivamente entre ellos dos, prescindiendo de los miembros habituales de ambas delegaciones. No obstante, el ministro de la Presidencia, antes de reunirse con Álvarez Cascos, habrá mantenido una sesión de trabajo con el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Solchaga, y con los dos secretarios del grupo, Jesús Caldera y Carlos López Riaño.

Hasta este momento, el Reglamento del Congreso está pactado entre ambos grupos en un 99%, según afirmación de los socialistas, y ya es un hecho parlamentario la unanimidad en la reforma de la Ley General Electoral y del Centro de Investigaciones Sociológicas.

García Candau sigue

El cambio del Estatuto de Radiotelevisión se ha manifestado enormemente conflictivo, por lo que ambos partidos han decidido posponerlo y atajar sólo la sustitución de los miembros del Consejo de RTVE, sin plantear ahora la sustitución del director general del ente público, Jordi García Candau. La continuidad de García Candau se explica desde el lado socialista hasta que se modifique el Estatuto de RTVE y se establezca un nuevo procedimiento para elegir al director general.

Miembros del Gobierno aseguran que no están autorizados para proponer al PP nombres para proveer las vacantes de distintos organismos, ni tampoco lo están sus interlocutores, ya que es un asunto que llevarán personalmente, al final de la negociación, González y Aznar.

Tan sólo informan que todos los candidatos propuestos hasta ahora para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo no tienen posibilidad alguna. Así, afirman que no lo serán ni Gloria Begué, ni Alberto Oliart, ni José Antonio Martín Pallín, ni Manuel Jiménez de Parga.

"Tenemos pactados los perfiles de los candidatos y los procedimientos de elección", aseguró un miembro del Gobierno, consciente de que el problema, una vez más, está en las comisiones de investigación parlamentarias. Para el caso Roldán (investigación sobre la gestión del anterior director general de la Guardia Civil) ha habido el acuerdo de que será el presidente del Congreso, Félix Pons, quien vigile para que el objeto de estudio de la comisión no interfiera en la investigación judicial. No obstante, en la redacción exacta que se dará en el Reglamento del Congreso para regular este tipo de comisiones es en lo que existe un considerable atasco.

Demanda con truco

El responsable de asuntos jurídicos del PP, Federico Trillo, reconoce que al intentar regular estas comisiones de investigación surge un problema tras otro. Si se trata de evitar que la materia objeto de investigación judicial sea estudiada por el Parlamento, ¿a quién le corresponde decidir cuándo se interfiere?, ¿con qué criterio?, se pregunta Trillo.

Según sus informaciones, el PSOE atenderá de buen grado las peticiones de la comisión de investigación, "pero pedirá que se suspendan inmediatamente cuando un juez esté actuando sobre los mismos hechos". Puestos a pensar mal, los populares consideran que cualquier persona un primo, un amigo del investigado"- puede presentar una querella para producir el efecto de suspensión de la comisión de investigación. En suma: "No encontramos fácil solución respecto a quién puede ser el árbitro y el sujeto y objeto de la investigación".

Por su parte, el PSOE reconoce que las conversaciones sobre impulso democrático han resultado lentas porque han tenido que caminar no sólo con el PP, sino con el resto de los grupos parlamentarios. Así, después de una conversación con los populares, y alcanzado algún principio de acuerdo, se trasladó la reunión a CiU, PNV, Izquierda Unida y Grupo Mixto. De nuevo objeciones, propuestas alternativas o rechazos, y vuelta a empezar. El camino está ahora bastante allanado y sólo queda el cara a cara con el partido mayoritario de la oposición.

Después de haberse repartido desde 1982 los puestos en todos los organismos institucionales, ahora aseguran que no será así. "Hemos renunciado a los cupos", señaló un miembro del Gobierno en idéntica apreciación a la que se formula en el PP. En ambos lados se repite que los criterios serán de estricta profesionalidad tanto en el CGPJ como en el consejo de RTVE.