Sería una burla

EL INDULTO es una facultad discrecional, pero no arbitraria, del poder. Para ser legítimos, los motivos de su concesión deben ser argumentables en voz alta. Pero ningún motivo racional públicamente defendible podrá ser invocado para justificar la concesión, planteada por el ministro del Interior, de indultos a los guardias civiles condenados por torturas en el llamado caso Linaza: un caso que ha durado 13 años -la sentencia definitiva se produjo en diciembre pasado- y que ya estuvo a punto de provocar un grave conflicto entre poderes del Estado al amparar el Gobierno la negativa de la dirección de la Guardia Civil a dar cumplimiento a una diligencia judicial.Que se alegue ahora el tiempo transcurrido como un argumento a favor del indulto roza el sarcasmo cuando todo el mundo sabe que fueron precisamente las prácticas dilatorias y obstruccionistas de los mandos de los procesados las que alargaron el procedimiento. Ese obstruccionismo convirtió el caso en una prueba de la solidez del Estado de derecho. Si ahora, y pese a las advertencias explícitas de la Audiencia de Bilbao, la aplicación de la sentencia fuera burlada mediante la concesión de indultos gubernativos, se estaría escupiendo sobre quienes saludaron la confirmación de la sentencia condenatoria como un importante triunfo del principio de legalidad.

La aplicación de tormentos a los detenidos para obtener su autoinculpación o información es una práctica a la que recurre la policía en muchos Estados, según denuncian las organizaciones de defensa de los derechos humanos. La diferencia entre los democráticos y los que no lo son es que en los primeros es posible investigar los casos denunciados y condenar a los culpables. Tal diferencia se disuelve si el poder político impide luego la sanción penal efectiva indultando sistemáticamente a los condenados. Significa además transmitir a la sociedad el mensaje de que no se considera que los condenados merezcan la sanción. El indulto se convierte así en un último recurso extrajudicial para garantizar la impunidad de los condenados.

Alegar que se trata de una servidumbre inevitable de la lucha antiterrorista es una falacia. El propio caso Linaza, su utilización en Francia como un argumento contra las extradiciones, ilustra que es más un obstáculo que un instrumento para acabar con el terrorismo.