El juez rectifica y exige una fianza de 10 millones al padre de Carlos Sainz
Antonio Sainz Rebollo, de 67 años, padre del ex campeón mundial de rallies, tendrá que pagar de inmediato 10 millones de pesetas si no quiere pisar las celdas de Carabanchel. El juez que le dejó en libertad sin fianza -después de que matase el pasado sábado de un tiro por la espalda a un tironero nigeriano- dio ayer marcha atrás. Tras una semana de continuas críticas de jueces y asociaciones de inmigrantes, el magistrado José María Fernández Rodríguez hizo público un auto en el que reconoce "la gravedad de los hechos y la consiguiente alarma social". Impuso una fianza de 10 millones.
El empresario ha descansado en su chalé de Somosaguas desde que abatió a Samuel Chiabuto Onyeana, de 27 años. El cuerpo de Chiabuto seguía ayer ingresado en una cámara frigorífica del Instituto Anatómico Forense. La Embajada de Nigeria, según fuentes cercanas al caso, se hará cargo de la repatriación de su cadáver. En un principio, la policía creyó que Chiabuto, que utilizó diferentes identidades durante su estancia en España, era angoleño. Fuentes cercanas a la investigación señalaron ayer que la víctima se dirigió hace dos meses a su embajada porque quería regresar a su país. En España carece de familiares.
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Colectivos de inmigrantes deciden personarse en el sumario como acción popular
VIENE DE LA PÁGINA 1El juez ha tardado una semana en variar su criterio sobre este asunto. En la resolución que dictó ayer subraya que Antonio Sainz, cónsul honorario de Bolivia, ha podido incurrir en un delito de homicidio. Esto supone implícitamente descartar que la muerte del nigeriano se deba a una imprudencia. No obstante, Fernández Rodríguez, según Efe, afirma: "Tras el análisis de los hechos, en su día [en el juicio] se podrá determinar que concurrían atenuantes modificativos de la responsabilidad".
La puesta en libertad s in fianza del homicida chocó también con la oposición del fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo., quien presentó un recurso. Este exigió una fianza de 10 millones a cambio de la libertad provisional -solicitud que ha aceptado el juez- También pidió 20 millones para responder a una posible indemnización.
Los hechos se remontan a la madrugada del pasado sábado. Sobre la 1.30, Antonio Sainz y su esposa paseaban por la calle de O'Donnell. Samuel Chiabuto arrebató a la carrera el bolso a la mujer. Salió corriendo. El cónsul sacó un revólver Smith and Wesson, del calibre 38. Apretó tres veces el gatillo. El primer disparo fue de fogueo. El segundo se incrustó en el cartel luminoso de una farmacia, situado a tres metros de altura. El cañón del revólver bajó, y el tercero atravesó el cráneo del africano. Samuel cayó abatido por la espalda, con el bolso entre sus manos. Yacía moribundo a 10 metros de distancia del homicida.
Entregó el arma
Sainz permaneció en el lugar de los hechos hasta la llegada de la policía, a la que entregó el arma. Chiabuto fue conducido en ambulancia al hospital Gregorio Marañón, donde falleció una hora después.
El cónsul honorario declaró al juez (ese día le tocaba el turno de guardia a Fernández Rodríguez) que disparó para intimidar al nigeriano.
Al día siguiente, Antonio Sainz Cenamor, hijo del homicida, afirmó: "Es una casualidad lo que ha pasado, porque mi padre disparó al aire, para intimidar al ladrón; parece casi imposible que le diera". Lo cierto es que Sainz, que dispone de licencia de armas y carece de inmunidad diplómatica, le dio. "Y, a juzgar por el sitio, en el coco y por detrás, con toda la intención", ha dicho a EL PAÍS un magistrado de la plaza de Castilla que ha estado en el lugar del crimen.
Sin embargo, el juez no halló motivos para encarcelarle ni para imponerle una fianza. Esta decisión desató gran indignación entre sindicatos, asociaciones civiles y de inmigrantes. La Asociación Pro Derechos Humanos de España la calificó de "insólita e injusta" y la relacionó con un caso de racismo. Numerosos jueces de instrucción de la plaza de Castilla se llevaron las manos a la cabeza al conocer la decisión de su colega.
La Asociación Pro Derechos Humanos de España, el sindicato Comisiones Obreras, SOS Racismo, el Instituto de Estudios para Latinoamérica y colectivos de inmigrantes de Senegal, Marruecos, Santo Domingo y Ecuador decidieron ayer personarse en las diligencias judiciales como acción popular.
Han tomado esta iniciativa por la defensa del derecho a la vida de alguien que ha sido muerto en absoluta indigencia y total indefensión legal", explican en un comunicado. Estas entidades consideran que la víctima "pertenece al colectivo de inmigrantes más desfavorecidos, que tienen grandes dificultades de integración en la sociedad española y con frecuencia son injustamente tratados por las autoridades del país", informa Begoña Aguirre.
El padre del campeón español de rallies es propietario de varias empresas. El chalé que posee el presunto homicida en Somosaguas dispone de pista de squash, gimnasio, jardín y hasta de un campo de fútbol.
Una mujer que contestó al teléfono de la casa de Antonio Sainz indicó ayer tarde: "La familia no desea hacer declaraciones. Estamos ante un accidente desagradabilísimo, y el asunto está sub judice, al margen de que él no es una persona pública".
