Transición mexicana
EL ESTALLIDO de la revuelta campesina del Estado de Chiapas han tenido un inesperado efecto oxigenador en la vida política mexicana. Las medidas adoptadas por el presidente Carlos Salinas han acelerado una transición política iniciada hace ya cinco años pero que era criticada desde muchos ámbitos por su lentitud y excesivo gradualismo. La terrible imagen que ha reflejado el espejo de Chiapas parece haber puesto al unísono a Gobierno, oposición y prensa en la tarea de construir un modelo democrático plenamente homologable.Repentinamente, el paso lento y en exceso prudente de la evolución política se ha visto alterado por actitudes hasta ahora desconocidas para la sociedad mexicana: unos medios de comunicación capaces de informar dentro de unos márgenes de libertad desconocidos, unas Fuerzas Armadas sometidas disciplinada aunque irritadamente a la autoridad del presidente, las estructuras más antiguas del aparato de poder en franca derrota, una clara erosión del concepto mismo del tapado presidenciable. Como colofón, un acuerdo entre todos los partidos para poner en marcha una maquinaria electoral neutral.
La repercusión de la rebelión de Chiapas da fe de dos cosas: una, la fragilidad de un mundo político mexicano al que es capaz de desestabilizar una guerrilla en una provincia remota, y dos, la indiferencia del Gobierno en el pasado para atender unas exigencias más que justificadas.
En el levantamiento de Chiapas han intervenido varios factores primordiales. En primer lugar, la depauperación económica de los indígenas chiapanecos y el total desamparo en que los tiene el Estado, que los ha abandonado a la libre explotación de ganaderos, cafetaleros y políticos corruptos. En segundo lugar, el choque entre unos sistemas sociales tradicionales fuertemente arraigados y la inevitable eclosión del desarrollo económico que la puesta en funcionamiento del Tratado de Libre Comercio agudizará. En tercer lugar, la importación de fenómenos extraños a la zona, como la fuerte inmigración de otras comunidades o la utilización del territorio por las guerrillas guatemaltecas.
Sobre esta situación incidieron influencias de muy diversa procedencia: por una parte, unos líderes jóvenes de formación urbana y universitaria. Por otra, toda clase de organizaciones no gubernamentales de ayuda. Y finalmente, una Iglesia católica fuertemente implantada e identificada con la teología de la liberación, o más bien con una mezcla entre ella y las viejas creencias indígenas.
La respuesta inmediata del aparato estatal fue la tradicional: represión y silencio. Sólo la decisión del presidente Salinas detuvo, no sin irritación castrense, la acción del Ejército. El nombramiento de Manuel Camacho Solís como pacificador, la declaración unilateral de tregua, la amnistía de los rebeldes y la oferta de negociaciones con garantías han sido otros tantos pasos insólitos para un sistema cuyo reflejo natural solía ser el autoritarismo.
Al hacer lo que es normal y democrático en un país que no está acostumbrado a ello, el presidente Salinas ha abierto una vía de agua en el sistema priista. Ha expuesto la fragilidad de éste. Manuel Camacho, escocido por no haber sido nombrado tapado, ha adquirido en unos días una popularidad que complica la campaña presidencial de Colosio, reduce los márgenes porcentuales de su presumible victoria, incrementa la capacidad política del Partido Revolucionario Democrático, que lidera Cuauhtémoc Cárdenas (que a punto estuvo ya de derrotarle en 1988), y destruye las bases operativas sobre las que el PRI ha fundado su acción política y económica a lo largo de 70 años. Una apuesta arriesgada para el partido, aunque saludable para la libertad y la democracia.
