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IU logra el apoyo de Leguina para que los inmigrantes tengan ayudas sociales

El camino para que los inmigrantes con permiso de trabajo y residencia puedan acceder a todos los servicios sociales es más llano desde ayer. El Consejo de Gobierno de la Comunidad apoyó una propuesta presentada en diciembre por Izquierda Unida que pide la reforma de la Ley Regional de Servicios Sociales porque excluye a los extranjeros. Hasta ahora, los inmigrantes de países pobres, sin acuerdos de reciprocidad con España, carecían de este derecho, pese a vivir, trabajar y pagar impuestos en Madrid.

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Ahora es la Asamblea de Madrid la que debe pronunciarse para reformar el artículo 2 de la citada ley. Con el apoyo del Gobierno regional del PSOE, manifestado ayer por su portavoz, Jaime Lissavetzky, la propuesta de IU contará con mayoría de votos en la Cámara.La reforma, según el Ejecutivo, supone "una apuesta por la integración de los miembros del colectivo inmigrante", ya que reconoce los derechos de los extranjeros residentes a la red pública de servicios sociales: "A un conjunto de prestaciones que tienden a la prevención, eliminación o tratamiento, en su caso, de las causas que conducen a la marginación".

El objetivo del cambio de la normativa es reconocer los derechos de unas personas que pagan impuestos en una comunidad y no pueden acceder a los mismos servicios que sus vecinos españoles. Sin embargo, algunas prestaciones -como las becas de comedor escolar o algunas ayudas dependientes de las juntas municipales- ya se daban, aunque sin soporte legal.

Y siempre surgían escollos amparados en dicha ley, por ejemplo, en la solicitud de pisos públicos al Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) o en el acceso al salario social.

En los impresos de solicitud del Ivima figuraba una claúsula: "Los extranjeros no comunitarios deben presentar un certificado de la ley especial o tratado internacional suscrito con España". Esta exigencia, imposible de cumplir para un senegalés o un marroquí, partía del espíritu de la citada ley.

El pasado verano, después del incumplimiento de un plan para realojar a 60 familias chabolistas magrebíes de Peña Grande (Fuencarral), saltó a la palestra el conflicto existente en el seno de la Comunidad por la posible concesión de pisos de alquiler públicos a inmigrantes. En el fondo subyacía el contenido de esta ley. La consejera de Integración Social, Elena Vázquez, prometió entonces que este texto restrictivo con los extranjeros se iba a cambiar.

La reforma de la normativa supondrá que se reconozcan como titulares de los servicios sociales de la región "a todos los residentes en el territorio de la Comunidad". Y no sólo "a los españoles residentes", como figura ahora.

Estado de necesidad

El cambio supone también que los derechos que ahora se admiten para "los transeúntes no extranjeros que se encuentren en evidente estado de necesidad" se hagan extensivos a "los transeúntes, sean españoles o extranjeros, residentes en cualquier territorio de la Unión Europea".La parlamentaria de IU Susana López Blanco argumentó, al elaborar esta propuesta: "No pedimos ni regalos ni privilegios ni tratos diferenciados, sólo que se reconozca un derecho que no contempla una norma aprobada antes de la Ley de Extranjería, cuando todavía no se habían producido las mayores oleadas de inmigrantes en la región".

En Madrid viven unos 130.000 extranjeros con sus papeles en regla. La mitad proceden de países desarrollados, según el estudio elaborado por un equipo de la Universidad Autónoma para la Consejería de Integración Social.

Las modificaciones propuestas dejan fuera el colectivo que carece de permiso de trabajo y residencia. Son los llamados ¡legales, unos 100.000, según la Delegación del Gobierno. Algunos acaban de llegar; otros eran legales, pero no lograron renovar sus permisos, y hay también familiares reagrupados sin arreglar aún su situación.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 11 de febrero de 1994

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