Gestores, interventores y auditores

La nota hecha pública ayer por el sindicato UGT "en relación a las noticias publicadas por EL PAÍS los días 6 y 7 de febrero sobre la cooperativa PSV recalca que "cualquier información definitiva" sobre la situación del grupo IGS y PSV "corresponde trasmitirla al equipo gestor de estas sociedades, a la intervención judicial o a la empresa auditora Arthur Andersen". No obstante, el sindicato considera "fuera de lugar y tergiversadas" las noticias publicadas, "que producen un gran escándalo social".El pasado domingo, EL PAÍS informó que la sociedad gestora de PSV, IGS, dedicó más de 15.000 millones de pesetas a inversiones empresariales e inmobiliarias no estrictamente relacionadas con la construcción de viviendas de PSV. Asímismo, se daba cuenta de que la mayor parte de los ingresos de IGS, hasta un total de 11.000 millones de pesetas, proceden de los cobros adelantados efectuados por IGS a los cooperativistas de PSV en concepto de "gestión".

Sobre este punto UGT afirma que "la Comisión Ejecutiva Confederal ya ha informado en diversas ocasiones que la empresa IGS... realizó diversas inversiones inmobiliarias que han resultado fallidas por el momento. Sin embargo, dichos proyectos se han realizado con créditos de entidades financieras o con cargo a los ingresos de gestión de gestión de IGS".

Sobre la vinculación económica entre IGS-PSV y el sindicato, la nota asegura que lejos de ser algo desvelado por este periódico, provienen del propio informe de la Comisión Ejecutiva Confederal, presentado por su secretario general el pasado día 11 de enero".

"Los intentos de desviar la atención", prosigue el comunicado, "no evitan que tanto las asociaciones de cooperativistas como la UGT sigan considerando que la intervención administrativa de la cooperativa se convierte en una necesidad imprescindible". "Esta intervención vendrá a complementar el esfuerzo realizado por el sindicato de aportar más de 9.000 millones de pesetas... que tiene por finalidad la capitalización de IGS con el fin de ayudar a superar los fallidos y los provisionamientos que de su errónea gestión inmobiliaria, así como de las inversiones en suelo y construcción ya desarrolladas y que aún no han sido cubiertas debido a los retrasos en el acceso a los créditos hipotecarios".