Pascual Sala, a favor de que los violadores cumplan la totalidad de sus penas

"La tragedia personal de estas familias es una tragedia de toda la sociedad española y los legisladores deben conectar con la conciencia social", dijo ayer Pascual Sala, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al término de su reunión con un grupo de familiares de niñas violadas y asesinadas y con la asociación pro derechos de mujeres y niños Clara Campoamor."Desgraciadamente, estos hechos delictivos no son esporádicos", dijo Sala, quien destacó su apoyo personal" a las familias en su demanda de "que la legislación española sea modificada en el sentido de que los reos de violación y de otras especies delictivas consideradas execrables por la sociedad cumplan efectivamente las penas que se establezcan". "En la medida en que el Consejo y los legisladores puedan, deben cumplir la finalidad de que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables de estos delitos", afirmó Sala.

" Estamos aquí para decir ¡nunca más!, para que a ningún otro niño le ocurra lo que a nuestras hijas", manifestaron tras su reunión con el presidente del CGPJ los familiares de las niñas violadas y asesinadas. Allí estaban Fernando García, padre de Miriam, una de las tres niñas de. Alcásser asesinadas el pasado año, y los padres de las menores Olga Sangrador y Leticia Lebrato, asesinadas en Valladolid, y Marta Obregón, en Burgos. Garcia señaló que continuará por toda España con la recogida de firmas -que serán enviadas al Parlamento- pidiendo que los violadores cumplan íntegramente sus penas. Ya hay tres millones de firmas.

Cambio de sensibilidad

Blanca Estrella Ruiz, presidenta de la asociación Clara Campoamor, recordó que desde el caso de la niña Ana María Jerez, violada y asesinada en Huelva en 1990, "la sensibilidad de la sociedad española ha cambiado" y achacó ese cambio a la presión de "los padres que sufrieron después el mismo drama".

La asociación Clara Campoamor está trabajando en estos momentos sobre 11 casos de niñas asesinadas y desaparecidas entre 1992 y 1993. "Hemos pedido al presidente del Consejo del Poder Judicial que se reabran casos cerrados, a nuestro juicio prematuramente, como el de las niñas de Aguilar de Campoo (Valladolid) y Burgos", dijo Ruiz, que señaló que "mientras hay otras niñas olvidadas, el Ministerio del Interior ofrece -lo que nos parece bien- 15 millones de pesetas a quien dé pistas sobre el caso de Anabel Segura".

Ruiz y los familiares afirmaron que Pascual Sala se comprometió a estudiar la posibilidad de que sean sancionados los jueces "que cometan errores". "Poner en libertad condenados por violación y asesinato es una temeridad. Siempre reinciden", dijeron.

Según Ruiz, el Consejo estudiará también que entre las funciones de los futuros jurados populares se incluyan lo delitos de violación.

Los padres que acudieron al Consejo se entrevistaron el pasado diciembre con el ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, quien se comprometió a que el nuevo Código Penal establezca para quienes cometan violaciones seguidas de muerte un tratamiento penal severo.