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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Noticia y mensaje

EL DIARIO El Mundo publicaba ayer la noticia de que ocho periodistas, entre ellos el director de ese medio, han presentado una denuncia contra el director general de Telecomunicaciones y contra el presidente y el consejero delegado de PRISA, editora de EL PAÍS. La denuncia es una ampliación de la que ellos mismos plantearon hace un año ante. el Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) por supuestas prácticas monopolísticas en la radiodifusión tras la entrada minoritaria de PRISA -propietaria de la SER- en el capital de Antena 3 Radio. La reciente creación de una empresa de gestión, Unión Radio, que prestará servicios a las dos cadenas radiofónicas ha llevado a los denunciantes a reforzar y ampliar su anterior iniciativa, pidiendo al SDC "que se determinen las presuntas responsabilidades criminales contra cualesquiera persona que resultare criminalinente responsable y presuntamente contra: don Jesús de Polanco, don Juan Luis Cebrián y el director general de Telecomunicaciones, don Javier Nadal". Por si no queda claro, El Mundo añade que "se plantea en la denuncia la posibilidad de la comisión de un delito de prevaricación, otro de impedir el ejercicio de derechos cívicos y otro de obstaculizar el ejercicio de la libertad de expresión y de difusión informativa".El Servicio de Defensa de la Competencia es un órgano administrativo, no jurisdiccional, al que los ocho periodistas pueden apelar obviamente si consideran lesionados sus derechos a la libre concurrencia en el mercado radiofónico. Si los denunciantes tienen indicios de que se han cometido delitos, es al juzgado de guardia adonde deben ir. ¿Se han equivocado al presentar una acusación penal ante una ventanilla administrativa? Es evidente que no cabe tamaña ingenuidad. Se han limitado a fabricar el pretexto de un escrito legal para darle publicidad en sus respectivos medios. El objetivo perseguido no es la intervención de tal o cual tribunal, sino el puro enunciado de sus acusaciones. Después las glosan entre los propios denunciantes -sociedad de autobombo recíproco- por tierra, mar y aire. Eso se ha llamado siempre manipulación. Incluso ellos deben aún saberlo.

Ellos: unos periodistas con nombres y trayectorias conocidos. Tanto, que su incesante presencia en las ondas -especialmente en la cadena de la Conferencia Episcopal- constituye la mejor refutación de, que exista situación de monopolio en la radiodifusión española. Sería ofenderles pensar que desconocen la diferencia entre los delitos de los que entiende el Código Penal y las cuestiones administrativas que dirime el Tribunal de la Competencia. En realidad no les importa, la denuncia es lo de menos. Simplemente les ha parecido conveniente, en defensa de los intereses comerciales que representan, volver a poner en circulación un asunto que piensan que puede perjudicar a sus competidores. Si esta vez se les ha ido la mano puede ser porque acontecimientos recientes han puesto de manifiesto cuál es la alternativa a las empresas solventes de comunicación. Sepan en todo caso, para su tranquilidad, que Unión Radio se dirigió al Ministerio de Economía para que verificara el cumplimiento o no de las normas de defensa de la competencia.

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