El juez de la suspensión de pagos de PSV solicita al Gobierno la intervención urgente de la cooperativa

La crisis de la cooperativa de PSV entró ayer en una nueva fase. El magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 63 de Madrid, José Antonio Enrech Salazar, encargado de la suspensión de pagos de la cooperativa, decidió ayer sustituir a los órganos sociales de PSV e instar al Ministerio de Trabajo a que intervenga formalmente la cooperativa basado en el artículo 152 de la Ley de Cooperativas. El juez tercia así en una polémica que puede resumirse en los siguientes términos: petición de intervención por parte de UGT, máxima cautela y compás de espera por parte de la Administración.

La providencia del juez especifica que, "de no recibir [del Ministerio de Trabajo] en el término de diez días apoyo a esta propuesta, este juzgado procederá a llevar a cabo esta resolución con los medios que tenga a su disposición". Fuentes del INFES, organismo del Ministerio de Trabajo encargado de las cooperativas, aseguraron ayer que en caso de intervención, la decisión última la adoptará el Consejo de Ministros.La decisión judicial de suspender los órganos sociales de PSV afecta al consejo rector de la cooperativa, formado por Paulino Barrabés (presidente); Sebastián Reyna (vicepresidente y responsable de finanzas de UGT); Francisco Hernández; José Luis Daza y Rafael Recuenco. El secretarlo de organización de UGT, Antón Saracíbar, aseguró ayer que el consejo de PSV había aprobado solicitar la intervención el pasado día 18.

Según especifica el magistrado, la suspensión y sustitución de los órganos sociales de la cooperativa ha sido informada favorablemente por los interventores de la suspensión, "está auspiciada por las fuerzas sociales que promovieron el nacimiento de este movimiento cooperativo, viene vehementemente aconsejada por el importante volumen y destacado montante económico que representa, así como el malestar y la inquietud social que suscita y, con no menos urgencia, por las dificultades de funcionamiento y operatividad de los órganos sociales de la cooperativa, que alcanzan a la propia intervención judicial".

El juez aconseja al Ministerio de Trabajo que, en caso de aceptar su propuesta de intervención debería existir "cierto engarce con la gestora de la cooperativa [IGS]". La gestora de PSV, IGS, se encuentra también en suspensión de pagos. El pasivo conjunto de ambas suspensiones superaba los 200.000 millones de pesetas, según las cuentas provisionales aportadas en diciembre.

Consulta y colaboración

Preguntado sobre la decisión del juez, el ministro de Trabajo, José Antonio Griñán, afirmó ayer en Barcelona que "el juez suspende la actual gestión de la compañía y hace una consulta al gobierno. Yo aún tengo que estudiar el tema", informa Mane¡ Pérez.

Por su parte, un portavoz de IGS, gestora de PSV, manifestó la disposición de su presidente, Prudencio García, "a colaborar con el juez y el Gobierno en todo aquello que facilite la construcción" de las 14.000 viviendas comprometidas.

La decisión judicial se produjo en una jornada en la que fuentes del Gobierno, recogidas por distintas agencias, descartaban taxativamente cualquier posibilidad de intervenir formalmente PSV.

Jn UGT, la providencia ha sido favorablemente acogida. Sebastián Reyna, miembro del consejo rector de PSV ha repetido en los últimos meses -al igual que otros dirigentes del sindicato- que UGT no podía hacer más de lo que ha hecho para resolver la crisis de su grupo de empresas y, especialmente, de la cooperativa PSV.

Según UGT, el sindicato ha cumplido todos los requisitos exigidos por el Gobierno para resolver el problema de IGS y PSV: sustitución del anterior equipo gestor encabezado por Carlos Sotos; aportación de todo su patrimonio para avalar los 9.200 millones recibidos en créditos del ICO; nombramiento de un gestor sugerido por la Administración y máxima colaboración.

Frente a la posición del sindicato, el Gobierno optó por la cautela. En diciembre, los ministerios de Trabajo, de Economía y de Obras Públicas, constituyeron una comisión mixta cuya tarea consistía en "tutelar" la escisión de PSV en unidades más pequeñas. Fue una intervención "de hecho", aunque no derecho de la cooperativa.

Las posiciones encontradas de UGT y el Gobierno acerca de una hipotética intervención, que trasladaría al ejecutivo buena parte de la carga que ha soportado el sindicato se tradujeron en declaraciones tensas. Por UGT, Antón Saracíbar, reiteró que el sindicato había hecho todo lo posible. Por parte del Gobierno, el vicepresidente Narcís Serra, aludió en múltiples ocasiones a la necesidad de que UGT asumiera "completamente" su responsabilidad.