Estrasburgo no puede juzgar algunas violaciones de derechos en España
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, no puede juzgar la posible violación en España de derechos humanos recogidos en dos protocolos adicionales al Convenio Europeo para la protección de estos derechos, ya que el Gobierno no los ha enviado al Parlamento para su ratificación. Izquierda Unida ha presentado en el Congreso una proposición no de ley para pedir al Ejecutivo que remita esos protocolos, de forma que puedan ejercitarse ante el Tribunal de Estrasburgo posibles reclamaciones.El diputado de IU Diego López Garrido ha firmado la proposición por la que la coalición quiere que la Cámara inste al Gobierno para que subsane esta laguna, ya que España ratificó el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 el año 1979. Sin embargo, los protocolos 4 y 7, de 1963 y 1984, respectivamente, siguen sin ser ratificados por nuestro país.
El escrito de IU explica que el primero de esos protocolos reconoce el derecho a la libre circulación y prohíbe la privación de libertad por incumplimiento de obligaciones contractuales, la expulsión de nacionales y las expulsiones colectivas de extranjeros.
El protocolo número 7 recoge el principio de legalidad en la expulsión de extranjeros, los derechos a la revisión de las condenas penales y a la indemnización por error judicial, así como la igualdad de derechos y deberes entre los cónyuges.
Los estados, obligados
El Convenio Europeo de Derechos Humanos creó una comisión y un tribunal para juzgar las posibles violaciones de derechos contenidos en el propio convenio o en sus protocolos adicionales. La demanda puede ejercitarla cualquier persona física, organización no gubernamental o un grupo de particulares, una vez que se han agotado todas las vías de recurso en su país.
La importancia de ratificar estos protocolos, según explica el propio López Garrido, no es teórica, sino que puede alcanzar importantes consecuencias prácticas, dada la obligatoriedad de las sentencias del Tribunal de Estrasburgo para los Estados que han ratificado el convenio.
El Tribunal ha dictado tres sentencias condenatorias contra España; la última de ellas, a favor del empresario José María Ruiz Mateos, con la condena pírrica a España porque se había violado el derecho a ser oído por el Tribunal Constitucional en una cuestión planteada por un órgano judicial sobre Rumasa. Las otras tres condenas son por el caso Bultó, Sanders -por retraso en un pleito civil- y el llamado caso Castells, que ha obligado al Tribunal Supremo a iniciar el archivo de todas las causas contra parlamentarios españoles -la mayoría, de HB- incursos en delitos relacionados con la libertad de expresión.
Miguel Castells fue condenado por injurias tras escribir, siendo senador por HB, que el Gobierno estaba detrás de las actuaciones de grupos ultras.
