Ex clientes de Bankpyme aparecen como titulares de fondos, pese a haber cancelado su inversión

La investigación judicial sobre el Banco de la Pequeña y Mediana Empresa (Bankpyme) ha revelado que antiguos clientes de fondos de inversión del banco aparecen a 31 de diciembre de 1993 como titulares de participaciones al portador de dos fondos de la entidad, pese a que en esa fecha ya habían cancelado su inversión. Ocho clientes del banco han declarado ante el juzgado que cancelaron las participaciones en el banco y recuperaron su dinero, aunque sigan figurando en las listas entregadas por el banco, según fuentes de la investigación.

Medios directivos del banco dicen que las participaciones al portador se cancelaban en ventanilla, pero afirman que nunca fueron traspasadas por la entidad a terceras personas. "No sabemos qué ha podido pasar. Si aparecen ahora es porque algunos clientes, en vez de cancelarlas, las han podido vender por su cuenta a terceros".Hacienda y el juzgado creen, sin embargo, que "la propia caja de Bankpyme ha podido vender esos títulos ya materializados por los primeros titulares a otros clientes", explican fuentes de la investigación. El presidente ejecutivo del banco, José Jané Solá, afirma: "Jamás se ha utilizado un nombre ni un documento de identidad falso". Medios de la investigación coinciden en que no se han utilizado nombres falsos, pero han pedido al banco que aclare por qué aparecen como tenedores de participaciones de los fondos Multivalor y Multidinero clientes que los habían cancelado.

Sorpresa en Hacienda

Esta revelación coincide, además, con la existencia de inversores hasta la fecha anónimos que se han apresurado en los últimos días a hacer declaraciones complementarias. Estas complementarias han sorprendido a Hacienda porque quienes las hacen no pertenecen a la lista de los 12.000 titulares de los fondos Multivalor y Multidinero, cuyas listas obran en poder de la juez instructora del caso, Montserrat Comas de Argemir. Las declaraciones complementarias pretenden evitar las sanciones legales, que pueden ir desde el 150% hasta el 600% de lo defraudado.

Mientras prosigue la investigación judicial sobre los dos fondos de inversión del banco, el número de personas que acuden a Hacienda a regularizar su situación continúa creciendo. Hacienda ha citado a 2.000 personas y empresas instándoles a que regularicen su situación. Hasta la fecha el fisco ha ingresado 6.000 millones de pesetas por declaraciones complementarias presentadas por cerca de 1.000 particulares y empresas, dicen fuentes de la investigación. Entre las personas y empresas que han sido inculpadas y han presentado declaraciones complementarias aparecen conocidos empresarios catalanes (véase EL PAÍS del pasado día 10). Entre ellos figuran dos miembros del Consejo de Administración del banco: el vicepresidente, Francisco Busquets, y el consejero Jaume Casademont. Bankpyme es una entidad que tiene 24 oficinas en todo el país y administra 2 10.000 millones de pesetas de clientes.

La mayoría de los nombres aparecidos tras la investigación estaban tapados por códigos numéricos. "No había ningún afán de esconderse. Lo que pretendíamos era asegurar la mayor discreción posible y protegerlos de empleados y clientes indiscretos", dice el presidente del banco.

El otro gran frente legal abierto en este caso es si los fondos de inversión con participaciones al portador creadas por el banco entre 1986 y 1989 eran legales y si deberían haberse convertidos en títulos al portador en 1989.

La semana pasada, el banco presentó en el juzgado dictámenes de expertos que defienden que de acuerdo con la ley de inversión colectiva de 1984 las participaciones en los fondos podían emitirse y pagarse al portador sin necesidad de identificación de los titulares. El juzgado discrepa de esta tesis y sostiene que los títulos al portador permitieron que los fondos se convirtieran en un refugio de dinero negro. El juzgado considera que la ley obligaba a la identificación al exigir dar información trimestral sobre los inversores.

Para dilucidar estos extremos, la juez magistrada ha pedido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que se pronuncie sobre este asunto. El juzgado también ha suspendido la emisión de títulos al portador y obliga desde hace un mes a quienes ingresan y retiran dinero de los fondos a que se identifiquen.

José Jané admite que la entidad emitió participaciones al portador porque "era algo legal en ese momento". "Teníamos y tenemos informes de nuestra asesoría jurídica de que las participaciones al portador eran correctas", afirma. Jané acepta que la ley sí obliga a identificar a los inversores a partir del 31 de enero de 1989. Explica que a partir de esa fecha el banco ya no hizo participaciones al portador y que las que ahora ha destapado la investigación fueron creadas antes de entrar en vigor la ley.