Fiestas nacionales

Dudo mucho de que las peculiaridades en cuanto al número y disposición de fiestas en nuestro país encuentren parangón en todo el mundo desarrollado ni subdesarrollado.Pero lo que para algunos observadores extranjeros es índice de una mayor calidad de vida, para los ciudadanos de este país se convierte en fuente de contratiempos y dificultades que deparan una pésima calidad de vida en muchos aspectos, los fundamentales, que son económicos.

Desde los primeros días de diciembre, con el puente de la Inmaculada, que se continúa con los de navidades, año nuevo y Reyes, han transcurrido 40 días durante los cuales la actividad de algunos organismos de la Administración pública han, sufrido una paralización casi total. Los perjuicios que por ello se han ocasionado a un número no determinado de ciudadanos son incalculables.

Entiendo que, sin violentar las creencias religiosas de nadie, se podría llegar a adoptar un calendario de fiestas nacionales que no colocara a amplios sectores de la economía en situaciones críticas. Y no acierto a entender qué impide realmente el abordar estas medidas.

Porque sorprende ver que un partido en el Gobierno que ha sido implacable en llevar adelante programas económicos impopulares, contra viento y marea, contra las protestas y perjuicios a muchos afectados, en aras de la modernización, sea tan sensible a la más mínima protesta o incomodidad de los representantes de la Iglesia católica, cuando ha tratado de llevar a cabo unas mínimas medidas de elemental racionalidad en beneficio de los ciudadanos como puede ser la supresión de un día festivo , el 8 de diciembre o el 6 de enero, evitando así una acumulación de fiestas.

Sorprende también que, cuando se anuncia una reforma del calendario de fiestas nacionales, se posponga para dentro de un año porque en ese intervalo, al parecer, se tiene que negociar con la Conferencia Episcopal. Y, por más razonamientos que trato de hacer al respecto, no encuentro forma de conciliar esas preceptivas negociaciones con la no confesionalidad religiosa del Estado, mandato constitucional también éste cuya puesta en práctica en muchos aspectos es, a mi parecer, más que dudosa.-