La ejecutiva federal logra un acuerdo para zanjar el escándalo del PSOE de León
Tras más de seis horas de reunión, los máximos responsables de la ejecutiva regional del PSOE de Castilla y León y una comisión encabezada por el secretario de organización del partido, Txiki Benegas, alcanzaron un acuerdo, para zanjar el conflicto sobre las presuntas irregularidades en las afiliaciones masivas al partido socialista en la provincia de León. El contenido del acuerdo se dará a conocer hoy, informa Marifé Moreno.A la reunión acudieron Jesús Quijano, secretario general del PSOE en Castilla y León; José Ramón Lagunilla, secretario de organización; y José Luis Zapatero, secretario provincial de los socialistas leoneses. Por parte de Ferraz estaban Benegas, Javier Sáenz Cosculluela, Jorge Gómez y Alejandro Espinosa (los tres últimos, componentes de la comisión investigadora que fue a León).
Jesús Quijano se limitó a constatar el informe enviado previamente a la ejecutiva federal en el que expuso las discrepancias con el método y conclusiones de la investigación realizada en León por Javier Sáenz Cosculluela, ex ministro de Obras Públicas y miembro de la Secretaría Federal de Organización del PSOE. El informe de Sáenz Cosculluela refleja en líneas generales que las afiliaciones cuestionadas han sido voluntarias, aunque revela algunos matices que no ha querido desvelar aún Ferraz. No obstante se insiste en que la intención de Benegas es de "resolver el conflicto de León de una vez por todas".
Desprestigio
La voluntad de las partes era conseguir un acuerdo para mitigar el escándalo y dar salida a la encarnizada lucha de los socialistas leoneses. El "desprestigio" sufrido por el PSOE como resultado de esta polémica es reconocido por los dos sectores del partido. Benegas pretendía conocer la opinión de Quijano sobre el informe y obtener un documento de consenso para presentar a la ejecutiva federal. Por lo tanto, el informe del ex ministro no será el que se vaya a remitir a la dirección del partido. A éste se unirán diversas pruebas sobre las supuestas irregularidades recogidas por las ejecutivas regional y provincial.Por su parte, el sector guerrista de León ha presentado a la Ejecutiva federal una batería de irregularidades organizativas y económicas de las que culpan a Rodríguez Zapatero.
Juan Ramón Lagunilla ha asegurado que una treintena de personas han expuesto de diversas maneras que su afiliación había sido impuesta y no deseada. Rodríguez Zapatero no ha precisado cuántas denuncias en este sentido posee, mientras que 31 personas aseguran haber sido sobornadas para ratificar que su militancia había sido obligada.
Ambos dirigentes regionales criticaron los métodos seguidos por la comisión investigadora presidida por Sáenz Cosculluela.
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