Mundo subterráneo

CASI DE repente, el ciudadano español ha advertido la existencia de una importante colonia china en España. El aviso, trágico, ha sido el asesinato de cinco inmigrantes chinos en Gandía el pasado día 2 de enero. Pero, desde hace años, la policía registra un creciente número de crímenes que protagonizan ciudadanos de aquel país, como víctimas y como verdugos. El aislamiento autoimpuesto de gran parte de la comunidad china afincada en España y el hecho de que la mayoría de asesinatos hayan quedado como aparentes asuntos de familia han frenado injustificadamente la alarma social sobre estos sanguinarios y repetidos acontecimientos. Estamos ante una importante trama de mafiosos chinos que opera contra sus propios compatriotas, a quienes mantiene en la ilegalidad para explotarlos laboralmente, extorsionarlos y mercadear con sus pasaportes y vidas.La policía tiene que reprimir a estos sindicatos del crimen antes de que adquieran más fuerza y arraigo en nuestro país. Clave para ello es el control del origen de su tétrico negocio: la inmigración ilegal. La policía debe poder contar con la colaboración leal de las autoridades diplomáticas chinas, que adolecen de una inexplicable lentitud para documentar a sus paisanos pendientes de expulsión, con las subsiguientes dificultades para aplicar la Ley de Extranjería. Contrasta esa parsimonia burocrática con la diligencia probada de esas autoridades diplomáticas cuando se trata de procesos de regularización. No puede excluirse la connivencia de algún funcionario consular o municipal español que pueda haber entrado en el negocio de la compraventa de documentación.

Conseguir un censo fiable de residentes chinos en España es una cuestión básica para solucionar el problema. Hay demasiadas casualidades agridulces en esta colonia. En los últimos ocho años, más de quinientos chinos han extraviado su pasaporte -hecho que tiene un abultado reflejo en los anuncios breves en una sospechosa racha de mala suerte. La estadística ofrece otros motivos de preocupación. Entre 1988 y 1992, en Madrid, sólo se había registrado el fallecimiento de ocho chinos (dos muertes al año) en una colonia de unas tres mil personas; en 1993, la mortalidad subió de golpe a nueve sólo en aquel año. Un in cremento que coincide con la mayor vigilancia poli cial. Todo indica que antes se ocultaron defunciones para la reutilización de las documentaciones de los fallecidos.

En noviembre pasado, la policía detuvo a 48 chinos en Barcelona. Tres de ellos controlaban el trabajo ilegal del resto, hacinados en tugurios ocultos en la rebotica de varios restaurantes y sometidos a interminables jornadas laborales en el ramo de la costura textil. Son esclavos de una red mafiosa a la que deben el pago de su entrada ilegal en España. Estas mafias son conocidas como Tríadas, en un equívoco recuerdo a los grupos secretos y patrióticos que lucharon en el siglo XVII contra los manchúes. Extienden su negocio a la extorsión y el chantaje de compatriotas perfectamente legalizados, a los que obligan a pagar la protección a su negocio, de restauración en la mayoría de los casos. El quíntuple asesinato, además de un horrendo crimen en el que no se excluyen posibles motivos pasionales, puede interpretarse como un mensaje más de los mafiosos sobre el sanguinario rigor de su imperio. En algunos países europeos y en EE UU, las mafias chinas son ya hoy una de las primeras amenazas para la seguridad interna. La policía habla de inmensas dificultades para combatirlas por su amplia y densa estructura internacional, su implacable ley del silencio y una insólita disposición a la violencia y a la crueldad. La evidencia de que España alberga una organización criminal de este tipo requiere una respuesta efectiva. Ésta pasa por la emergencia de ese mundo subterráneo donde unos ciudadanos son víctimas de un sordo terror.