¿Crimen perfecto?

Hay una sola persona en éste país que es capaz de intervenir un banco y, casi como pidiendo perdón, proyectar una radiografía, sin violar de manera flagrante el secreto bancario, de la gestión aventurera que entre 1988 y 1993 ha puesto a Banesto al borde de la desaparición. Ese hombre se llama Luis Ángel Rojo y es el gobernador del Banco de España. Ayer, para el público no iniciado, el gobernador trazó un cuadro aséptico sobre los saneamientos de 500.000 millones de pesetas que habrá que procurar para salvar la entidad. Rojo decidió no desglosar en capítulos los saneamientos por razones tácticas, pero es indudable que esa asignación resulta fundamental para conocer hasta qué punto la cifra de 500.000 millones tiene credibilidad o se queda notablemente corta.Las preguntas que Rojo no abordó -tampoco ningún portavoz pidió el citado desglose- son decisivas a la hora de conocer cómo se ha perpetrado la operatoria que al cabo de seis años de gestión ha desplumado una parte importante de los recursos propios de Banesto y le ha puesto al pie de los caballos.

El martes 2 de junio de 1992, hace dieciocho meses, el entonces gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, expuso ante el consejo ejecutivo los problemas de Banesto para cumplir la normativa de recursos propios del banco. Se podía abrir un expediente disciplinario a Banesto o volver a exhortarle sobre sus obligaciones. Rojo, entonces subgobernador, fue una de las personas que con mayor dureza intervino en la reunión. Según el acta de dicha reunión, Rojo señaló: "Lo más grave del asunto es que si dejamos pasar por alto la situación (de Banesto), se nos puede acusar de agravio comparativo con el resto de la banca, a la que le estamos exigiendo el cumplimiento escrupuloso de la ley". Después de un intercambio de puntos de vista, Rojo propuso "encargar un examen minucioso de la situación a los servicios de inspección y a la vista de sus resultados podremos determinar qué hacer".

Ayer, en la Comisión de Economía, como si se tratase del diván de un psicoanalista, el gobernador explicó las dudas que surgen al abordar los problemas de intervención de bancos. Después del 2 de junio de 1992 hizo falta año y medio para que el banco emisor tomara la decisión de echar a Mario Conde, a su escudo, Roberto Mendoza de J.P. Morgan, y a todo el consejo de Banesto. Rojo y su equipo han corrido, pues, un gran riesgo: dejar que la situación se pudriera, que el vaciamiento de Banesto se consumase más allá de lo deseable.

Habría que saber cómo se financiaba la autocartera espectacular de Banesto, el alcance de la red de sociedades instrumentales nacionales y extranjeras, los pactos de aparcamiento, las comisiones cobradas en operaciones múltiples, los acuerdos secretos entre Mario Conde y J.P. Morgan, la manera en que Conde pagó y/o financió la compra de un 4% de Banesto en la última ampliación de capital, las operaciones intergrupo, el destino del patrimonio inmobiliario, la inversión en industrias, equipos de seguridad y comunicaciones sensibles, el blindaje político y periodístico. Como estas cosas exigen un buceo profundo, pues he aquí una propuesta razonable: que se constituya una comisión de investigación parlamentaria y que se la dote de medios económicos para contratar a una empresa auditora independiente a fin de redactar el libro blanco de Banesto. Sin esta investigación, será dificil eludir la condena de repetir los mismos errores. Por otra parte no ha habido crimen perfecto: la omnipotencia ha impreso huellas aquí y allá.