El fiasco de PSV

LA INDIGNACIÓN que sienten las 20.000 familias de trabajadores que confiaron sus ahorros al grupo PSV-UGT está más que justificada. Para quienes durante años han aportado sus ahorros a una cooperativa garantizada por el mayor sindicato del país, la revelación de que éstos han desaparecido supone una catástrofe doméstica y un drama existencial. Para UGT es un desastre de primera magnitud que pone en peligro su credibilidad y capacidad de acción como uno de los dos puntales del movimiento sindical y organización fundamental para el diálogo social en España. Es éste, por tanto, un desastre para todo el país del que nadie puede alegrarse.Con la suspensión de pagos de la gestora IGS y de PSV después se evitará que el grupo acabe en quiebra y liquidación. Ha sido posible gracias a la decisión de UGT de poner todos sus bienes a disposición de la cooperativa. Esto debería garantizar la construcción de las viviendas y despejar finalmente todas las dudas y responsabilidades sobre las causas del fracaso. Hoy ya está claro que se acumula un sinfín de insólitos errores de gestión empresarial con una administración irresponsable de recursos ajenos.

La lista de despropósitos -y sin duda abusos- en los que se ha incurrido agota prácticamente todos los descritos en los manuales sobre mala gestión, o irresponsabilidad. Un proyecto faraónico, una expansión disparatada, descontrol en la gestión y en el gasto, trasvase irregular de fondos de una actividad a otra, fuga hacia adelante al percibirse los primeros problemas, empleo para operaciones especulativas de beneficios hipotéticos aún no generados y, aún peor si cabe, ocultamiento sistemático de la situación real, que ha impedido la enmienda cuando todavía eran posibles soluciones no traumáticas.

La responsabilidad deben compartirla el gestor, Carlos Sotos, y UGT, que son titulares del 53% y 47%, respectivamente, de la sociedad anónima que gestiona el grupo. Pero hay más responsabilidades. El programa de construcción de viviendas fue espoleado desde el Gobierno y muchas alcaldías socialistas proporcionaron suelo público barato a la cooperativa, lo que las hacía responsables de cierta tutela sobre la gestión.

Lo que fue un proyecto idealista de transformar el viejo modelo de sindicalismo reivindicativo en una organización moderna, volcada a prestar servicios a sus afiliados, ha culminado en un grave perjuicio para los asociados y -quién lo duda- para UGT. Poco consuelo es que un sindicalismo tan arraigado y de gran tradición en este tipo de servicios sociales a sus afiliados como el alemán ya se estrelló en un proyecto de similares características y aún mayor, la Neue Heimat.

En más de una ocasión, los gerentes de PSV han esgrimido dificultades como el boicoteo de promotores y bancos para justificar el retraso de sus compromisos. Nadie debe sorprenderse de que empresas de un sector determinado se resistan a la entrada de nuevos competidores, sobre todo si éstos cuentan con apoyos de la Administración y un sindicato.

El carácter faraónico del proyecto quedó bien patente con la iniciativa emblemática del grupo, la Esfera Armilar, que hubo de abandonarse después de haberse malgastado en ella 2.800 millones. El ritmo de la expansión alocada estaba fuera de toda lógica empresarial. En un plazo de cuatro años, la plantilla del grupo pasó de 3 a 600 empleados.

Ha sido habitual en el grupo el trasvase de fondos de una entidad a otra. La más sangrante de las irregularidades ha sido el empleo de fondos de IGS, sociedad hipotecaria, para afrontar gastos en el negocio de la construcción. Otra irresponsabilidad increíble está en la especulación con suelo privado a la espera de su recalificación.

El Gobierno ha acudido en ayuda del grupo instrumentando créditos a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), primero 8.000 millones y después 1.200 millones de pesetas, para dar liquidez a las sociedades. La UGT ha adoptado finalmente una decisión responsable, la única que ya podía tomar: poner a disposición todos sus bienes patrimoniales para salvar la cooperativa. No es frecuente ver a propietarios ofrecer sus bienes como compensación de las pérdidas ocasionadas por los fracasos de sus negocios.

El fiasco de PSV no debe llevar a cuestionar el modelo de economía social. En España hay ejemplos de buen hacer empresarial en el sector cooperativo, como es el caso de Mondragón o de los programas de, viviendas de Comisiones Obreras. Porque el sindicato moderno debe aspirar precisamente a la prestación de servicios y a no ser mero cuadro de agitación reivindicativa. Con calidad, seriedad y transparencia.