Hiroshima en el Oeste

En 1963, en las cárceles de los Estados de Oregón y Washington, se contrató a 131 internos para ser sometidos a experimentos de radiación. Se les pagó unos 200 dólares. A cambio, recibieron una dosis de radiación en los genitales de hasta 600 roentgen (unidad de exposición que mide radiaciones de iones, como los rayos X): hoy se sabe que la mayor dosis anual soportable no puede superar los 6 roentgen.

Los internos tenían que firmar este formulario: "Consiento recibir una radiación en el escroto y en los testículos". A estas personas se les advertía sobre posible esterilidad y otros efectos secundarios, aunque no se mencionaba el cáncer de testículos. A los presos de Oregón se les hizo luego una vasectomía para evitar la posibilidad de contaminar a la población general con mutantes inducidos por irradiación", según el Doctor Heller, ya fallecido, que dirigió las pruebas.

Podría ser el sueño de un grupo de científicos enloquecidos: núcleos diseminados de población civil a los que, anónima e impunenemente, someter a pruebas de nuevas armas, e individuos indocumentados e ignorantes dispuestos a servir como tubos de ensayo humanos. Ocurrió en EE UU, sobre todo entre los años 40 y 50, pero también mucho después, y por ahora se conoce sólo una pequeña muestra de lo que podría ser un auténtico Museo de los Horrores.

La secretaria de Estado de Energía, Hazel O'Leary, ha cedido a la presión ejercida desde hace seis años por un grupo de congresistas -entre ellos el senador John Glenn, antiguo astronauta- y ha revelado algunos ejemplos de las escalofriantes prácticas realizadas por el Gobierno sobre casi 600 de sus ciudadanos. Al mismo tiempo se ha sabido que EE UU efectuó 204 explosiones nucleares secretas, algunas hace sólo tres años. Entre los experimentos conocidos hasta ahora se incluyen la inoculación de plutonio a 18 personas y las radiaciones a mujeres embarazadas y a presos.

Uno de los casos más escalofriantes revelado en los últimos días es el experimento llevado a cabo a fines de los años 40 en la Universidad de Vandérbilt (Tennesee). Allí, 751 mujeres pobres embarazadas recibían tratamiento médico gratis. De paso, y sin que nadie se lo advirtiera, fueron sometidas a pruebas nucleares y recibieron una dosis de radiación 30 veces superior a la cantidad considerada inocua. Por lo menos en tres casos, los hijos nacieron con malformaciones. La información es incompleta, porque un estudio exhaustivo del grupo, así como los papeles que documentaban el experimento, fueron destruidos en los años setenta.

La revista Newsweek señala que algunos de los internos de Oregón presentaron una querella en 1976, reclamando tratamiento médico para averiguar su situación. El Gobierno de ese Estado intervino en el caso y nueve de los hombres fueron sometidos a un tratamiento, además de recibir la ridícula cantidad de 2.215 dólares para todos, como indemnización. El rastro de aquellos cobayas -en un país que es el paraíso de la estadística- se perdió: no se sabe si contrajeron cáncer o no, porque nadie se ocupó del tema desde fines de los años 70.

¿De dónde salían los. cobayas para las pruebas? Este es uno de los capítulos más siniestros, porque la carne de cañón se obtenía siempre entre ignorantes, necesitados u obligados, los núcleos más empobrecidos y aislados de ciertas zonas rurales y los criminales con largas condenas: marginados que, en el peor de los casos, no sospechaban lo que se hacía con ellos, y en el mejor no tenían muchas opciones para oponerse. Ser cobaya significaba pequeños ingresos suplementarios, tratamiento médico gratis o reducción de una condena.

Las escasas explicaciones que daban los responsables, junto al nivel cultural de los pacientes, eran un cheque en blanco: "Los formularios de consentimiento -explica en el New York Times Robert Alvarez, asesor de la secretaria de Energía- no detallaban los riesgos, y no se hacían estudios de seguimiento de las personas que participaban en los proyectos".

La inoculación de plutonio en 18 personas, en cuatro lugares diferentes, entre 1945 y 1947, se justificó como un intento de conocer los efectos de la radiactividad, pero se abandonaron luego sin explicación.

Aunque este tipo de información lleva años tratando de salir a la superficie y se han censurado documentales estremecedores sobre el tema, ahora unos reportajes en el diario The Alburquerque Tribune, de Nuevo México, ha obligado por primera vez a que un alto cargo del Gobierno, Hazel O'Leary, revele datos y prometa una investigación completa.