El Gobierno inhabilita y sanciona al consejo e la sociedad que captaba fondos para PSV

El día de la gran lotería, esperanzador para millones de ciudadanos, fue una jornada negra para el sindicato UGT y para su grupo empresarial. El Gobierno, a propuesta del Banco de España, decidió ayer inhabilitar y sancionar al Consejo de Administración de IGS del Mercado Hipotecario, la sociedad dedicada a manejar las cuentas de ahorro vivienda de miles de ahorradores; la mayoría, cooperativistas de PSV. La sociedad no podrá volver a operar. Casi al mismo tiempo, el juez del Juzgado número 64 de Madrid admitía a trámite la petición de quiebra de tres acreedores contra IGS, gestora de PSV.

En Badalona, los 100 cooperativistas afectados por los retrasos las obras de PSV cumplieron su amenaza de querellarse contra el sindicato El texto de la querella se basa en delitos de estafa y apropiación indebida.Las malas nuevas acerca de las empresas de UGT cayeron como una bomba en el sindicato. Se impuso el silencio. Ayer no e posible obtener ninguna declaración ni de dirigentes del sindicato ni de los responsables de IGS. Oficiosamente, fuentes cercanas a la dirección mantenían que aún existen posibilidades de que se obtenga el dinero necesario para evitar la quiebra de IGS. Al respecto, la portavoz del ICO aseguraba que la entidad "no tenía nada que decir al respecto". Los hechos se encargaron de desmentir, al menos ayer, las esperanzas de UGT. Al término el Consejo de Ministros, el ministro portavoz, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunciaba que el Gobierno había decidido aceptar la propuesta de sanción del Banco de España contra los gestores de una de las sociedades del grupo empresarial de UGT, IGS del mercado Hipotecario (12.000 millones de depósitos, según datos de 1992), con la adopción de inmediatas medidas "que garantizarán a los depositarios el dinero contratado" para sus viviendas informa Anabel Díez. El Banco de España había abierto expediente a la sociedad en febrero de este año. Los datos sobre depósitos y número de cuentas (20.000 en 1992) habrían disminuido espectacularmente desde el verano.

Separación del cargo

La decisión del Consejo de Ministros conlleva la separación del cargo, inhabilitación y multa al anterior presidente del Consejo e Administración de IGS, así como al resto de consejeros. Rualcaba se negó a dar más detalles sobre las sanciones. No obstante, según diversas fuentes, ésas afectan a Carlos Sotos (expresidente de la sociedad), Paulino Barrabés (ex consejero y acual presidente de PSV), a Fermín Bretón y a Primitivo Álvarez. El consejo de IGS del Mercado Hipotecario fue disuelto en el mes de octubre a raíz del nombramiento de Prudencio García como administrador del grupo de empresas de UGT.

Las multas oscilarán en torno 1 millón de pesetas para los ex consejeros. En el caso de Sotos, a sanción monetaria se elevará a cinco millones de pesetas. La inhabilitación para ostentar cargos de dirección en cualquier otra sociedad de crédito se extenderá a los sancionados durante cinco años.

Aunque la relación entre IGS y la PSV es absoluta, el ministro e esforzó en señalar que "son dos empresas de naturaleza jurídica distinta", aunque después precisó que el objetivo del Gobierno es "proteger a los ahorradores" y por ello "adoptará medidas que garanticen a los depositarios el dinero contratado".

Tras la conferencia de prensa de Pérez Rubalcaba, fuentes de la Administración destacaron que IGS del Mercado Hipotecario dispone de liquidez suficiente para hacer frente a sus depósitos. En octubre, el Instituto de Créditos Oficial prestó 8.000 millones de pesetas a IGS con el aval de UGT. Entonces no se especificó el destino final del préstamo, si bien, fuentes de IGS-PSV confirmaron que el dinero tenía por finalidad cubrir las necesidades de la sociedad de crédito. Las mismas fuentes llegaron a reconocer que los depósitos IGS del Mercado Hipotecario había contribuido a sostener en pie el entramado de PSV, carente de financiación bancaria durante más de un año.

Respecto a la solicitud de quiebra presentada por las sociedades Adquisiciones para Maniobras, Promociones Dories y el empresario José Oriol Rabasa, el juez encargado del caso, Miguel María Rodríguez San Vicente, aseguró que en el caso de que finalmente se decrete la quiebra, cabe la posibilidad de que las autoridades ocupen la sociedad y tomen medidas contra sus responsables el día 27 o 28.

Los acreedores, que reclaman a IGS una deuda de 350 millones de pesetas, ratificaron ante el juez su demanda y explicaron que los impagos de la sociedad se empezaron a producir hace un año y medio.

Acreedores

Sobre la misma petición, el interventor representante de los cooperativistas en el consejo, Tomás Arrieta, destacó que "los mayores acreedores de IGS son, por supuesto, los cooperativistas de PSV".

Arrieta, junto con otros 110 socios de PSV, ha enviado una carta al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, solicitando su intervención en el caso PSV para que efectúe "un control de calidad de la auditoría de los años 1991 y 1992 de PSV, Grupo IGS y Promoción Valdebernardo, para comprobar si se han incumplido las normas técnicas de auditoría por parte de la empresa auditora Ernst & Young, que realizó las mismas".

En UGT, la guerra abierta por la sucesión de Redondo se ha enlazado con el caso PSV. En el sindicato, las acusaciones del secretario de la Construcción, Manuel Gasnacho, hacia Nicolás Redondo, del que aseguró que tenía, por jerarquía, la mayor responsabilidad, han enconado las posiciones. Más cuando Garnacho formó parte del consejo rector de PSV hasta el mes de julio pasado.

Según fuentes de IGS-PSV, Garnacho abandonó el consejo en julio porque los estatutos de la cooperativa prohíben desempeñar cargos de dirección a los miembros de la misma que, como Garnacho, ya hayan obtenido la vivienda comprometida con PSV.