Butacas vacías

EL DECRETO-LEY de medidas urgentes de apoyo al cine es la primera obra legislativa cuya autoría corresponde a la nueva ministra de Cultura. Su primer efecto ha sido el cierre de todas las salas, anunciado para mañana. Aunque la decisión de los exhibidores pueda sonar disparatada, no parece un buen comienzo para una ley que se propone fomentar el cine español.El nuevo equipo de Cultura aceleró la elaboración de este texto legal por un mecanismo defensivo explicable. Estaban a punto de cerrarse las negociaciones del GATT, no estaba claro que fuera aceptada la excepción cultural que invocaba fundamentalmente Francia y era preciso construir una trinchera en el mundo audiovisual para iniciar el desarme posterior a partir de una situación de fuerza. La realidad ha venido a desmentir después estos cálculos: el audiovisual ha quedado excluido de los acuerdos, lo que elimina cualquier carácter de urgencia a este decreto-ley, cuyo itinerario legislativo empieza este martes en el Congreso. Sin esta presión del plazo fijo, lo sensato sería abordar en una ley conjunta todo el fenómeno cinematográfico.

El decreto-ley de marras ha sido cocinado en intensas sesiones con un grupo de productores. Pensar que el cine español depende exclusiva o fundamentalmente de ellos es un error de concepto que no se puede achacar sólo a las prisas motivadas por el calendario del GATT. El atrabiliario texto legislativo ha conseguido poner en contra a exhibidores, distribuidores, canales de televisión, industria del vídeo y, en general, a cuantas empresas han hecho de los mitos colectivos del cine una fuente de negocio y trabajo. Ninguno de estos sectores ha sido consultado.

Fomentar el cine español es el loable propósito del decreto. Los productores -y no todos- entienden que la única vía es el proteccionismo. De ahí que el texto legal -de un reglamentismo ridículo, que, a falta de controles informáticos, exigirá un ejército de inspectores- establezca un sistema de cuotas de pantalla y licencias de doblaje que pueden terminar expulsando al espectador. Las salas españolas exhiben hoy de promedio cuatro películas de la factoría Hollywood por una de la Unión Europea (cuota que en su mayoría corresponde a filmes españoles). El nuevo decreto fija por cada cinta comunitaria sólo dos de terceros países. La reglamentación sobre licencias de doblaje introduce una casuística que beneficia a aquellos filmes que hayan sido doblados a dos lenguas españolas. Una concesión que sólo se explica en el marco del delicado equilibrio parlamentario actual, que ha llevado al Gobierno a hacer esta concesión a los nacionalistas catalanes.

Capítulo aparte es el que faculta al Gobierno a obligar a las televisiones a producir con productores independientes hasta un 5% de las películas comunitarias que exhiban. En el terreno estrictamente jurídico, esto modifica la ley que rige la concesión de las televisiones privadas. Pero la propia realidad es seguramente más elocuente. El año pasado, las múltiples antenas de televisión exhibieron en España más de 8.000 cintas cinematográficas. De acuerdo con este decreto, al menos 3.600 tendrían que ser comunitarias y el Gobierno -eso sí, previa audiencia de las televisiones-, podría obligar a coproducir hasta el 5%. Esto es, 160 películas por año. La producción media española apenas supera las 50 cintas anuales, de las que poco más de una treintena llegan a las salas. El arbitrismo, que sin duda puede favorecer a un puñado de productores, no parece el mejor sistema para abordar un sector tan complejo como el cine, que Estados Unidos ha logrado convertir en su segunda industria de exportación.

El Ministerio de Cultura se ha movido en este terreno en buena medida tras la estela de Francia: proteger la producción de cine propio es proteger el cine. No ha tenido en cuenta al menos una diferencia elemental. Francia tiene un mercado para su cine que por razones lingüísticas apenas trasciende sus propias fronteras. España tiene unas enormes capacidades sin desarrollar en América Latina, con más de 300 millones de consumidores potenciales. Ceder proteccionismo interior a los distribuidores norteamericanos a cambio de que en sus paquetes de venta al hemisferio hispano incluyan también cine español parece una propuesta de futuro más prometedora. Incluso para los productores. Al fin y al cabo, la excepción cultural tendrá corto recorrido sin mercados.

Fomentar el cine europeo y español con barreras a la fábrica de Hollywood, controles de taquilla y un minucioso catálogo de sanciones puede tener al final un efecto perverso: expulsar del cine a los espectadores. Por de pronto, mañana las butacas de nuestros cines estarán vacías.