Un oficial protegido de Rafael Vera
Rafael Masa González, de 51 años, casado, padre de cinco hijos, ha sido un hombre de la máxima confianza de Rafael Vera, secretario de Estado para la Seguridad. Ni su procesamiento, ni su condena, ni las sospechasen torno al asesinato del dirigente de HB Santiago Brouard lograron quebrar ese apoyo.Vera se lo llevó a la Secretaría de Estado, en Madrid, cuando las cosas empezaron a llegar mal dadas para el oficial de la Guardia Civil, y le buscó un puesto de asesor en Bolivia.
Masa fue investigado por su relación con Luis Morcillo Pinillo, sospechoso de participar en el asesinato de Brouard, el 20 de noviembre de 1984. Él explica esa relación por una vieja amistad, pero Miguel Ángel López Ocaña, uno de los testigos que permitió desentrañar en parte la trama del atentado contra el médico abertzale, le acusó ante el juez de haber prevenido a Morcillo de que había un confidente dispuesto a cantar de plano.
Según López Ocaña, esta confidencia llevó a Morcillo a ordenarle la muerte de este supuesto chivato, Alberto Granados Céspedes, por la que en la actualidad cumple condena.
Masa fue investigado también por la compra de 10 pistolas en Andorra. Dos fueron utilizadas en atentados de los GAL en el País Vasco francés. Los comerciantes que las vendieron le identificaron como el comprador, pero más tarde, igual que otros testigos inculpatorios contra los GAL, se desdijeron.
Este turbulento historial no fue óbice para que Vera fichara a Masa como asesor y le encomendara el análisis de la situación de los presos de ETA. Vera ha tenido como asesores a otros oficiales de la Guardia Civil condenados por torturas y, en algún caso, reincidentes.
En abril de 1990, ya procesado por el caso Linaza, fue conocida la presencia de Masa en Bolivia, como asesor contra el narcotráfico. Un mes más tarde fue ascendido a teniente coronel.
La querencia de los jueces por investigarle no desapareció ni en Bolivia. En enero de 1991, la justicia boliviana inició un procedimiento por la sospecha de que el guardia civil y otros tres funcionarios españoles pinchaban teléfonos de miembros de la oposición.
