Belloch afirma que la juez Huerta sufrió "críticas inadmisibles"

El ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, afirmó ayer, a propósito de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el' caso Linaza, que tiene la convicción de que los jueces "hicieron bien su trabajo", a pesar de lo cual, la juez, de instrucción Elisabeth Huerta "sufrió una campaña de críticas inadmisible".

En declaraciones a la Cadena SER, Belloch, que fue magistrado y luego presidente de la Audiencia de Bilbao cuando la juez Huerta comenzó a instruir el caso Linaza -por el que han sido condenados dos tenientes coroneles de la Guardia Civil y otros siete agentes-, dijo que cuando ocurrieron los hechos "todavía sobrevivía una cultura, por llamarlo de algún modo, muy errónea, que afortunadamente ha desaparecido".

"Se tenía la sensación de que investigar judicialmente unas conductas podía implicar poco menos que apoyar indirectamente a los terroristas", añadió Belloch, para quien la juez Elisabeth Huerta "es una gran Juez" e "hizo su trabajo sin acudir a ningún mecanismo de espectáculo y sin realizar innecesarias manifestaciones en tomo a su trabajo".

Belloch agregó que otra lección que hay que extraer de este caso es que el Ejecutivo no debe interferir "de ningún modo [en el Poder Judicial], ni siquiera a través de afirmaciones que puedan entenderse en un sentido o en otro". En relación con la tortura, señaló: "Cuando un país es capaz de investigar a fondo sus peores acciones es cuando adquiere mayor legitimidad".

Tomás Linaza Euba, detenido y torturado en 1981 por ser padre de un activista etarra, declaró a la misma emisora que las torturas "son continuas y en todos los sentidos". Según Linaza, con la sentencia del Supremo se ha confirmado lo que esperaba. "Yo lo que quería era que se hiciese justicia con el asunto, porque era completamente inocente de las cosas de que me acusaban esos señores", añadió.

Controles a la Guardia Civil

Joseba Egibar, portavoz del PNV, expresó su convencimiento de que se siguen practicando torturas y añadió que no ha habido voluntad política en el esclarecimiento de los hechos: "La Guardia Civil precisa de muchos y severos controles desde los mandos respectivos, para que no se practiquen malos tratos y torturas también hoy". El presidente de Eusko Alkartasuna, Carlos Garaikoetxea, consideró "escandaloso" que haya sido necesario esperar 12 años para el esclarecimiento de casos "tan graves". Por el contrario, el presidente del PP en el País Vasco, Jaime Mayor Oreja, se mostró seguro de las buenas intenciones del Ministerio del Interior a la hora de acatar la sentencia.