UGT pedirá la intervención de la cooperativa PSV al Gobierno si no obtiene 8.000 millones antes de una semana

UGT se encuentra en un callejón sin salida: el dinero necesario para construir las viviendas comprometidas con los cooperativistas de PSV no acaba de llegar y la paciencia de los socios se agota. En conferencia de prensa, el secretario de organización del sindicato, Antón Saracíbar, certificó ayer la gravedad de la situación al asegurar que si la próxima semana el sindicato no obtiene de las entidades financieras 8.000 millones de pesetas para capitalizar IGS, UGT solicitará la intervención de la cooperativa al Gobierno.La afirmación de un Saracíbar tenso, preocupado en el gesto, fue la cruz de una conferencia de prensa convocada apresuradamente por el sindicato para trasladar lo que Saracíbar definió como una buena noticia para los cooperativistas. Según el número dos de UGT, el sindicato recibirá la próxima semana, "cuando se cierre la operación", 8.000 millones de pesetas "de varias entidades" que estarán avalados por el patrimonio del sindicato, "incluso con el patrimonio histórico". El gesto de Saracíbar, de dar a conocer una operación aún no cerrada da idea de la crispación que se vive en UGT por el caso PS V.

De las necesidades totales de IGS-PSV -más de 70.000 millones, 30.000 de ellos a corto plazo-, UGT sólo cuenta con los créditos aprobados, pero congelados, de Caja Madrid y Argentaria (10.000 millones) y el préstamo de 8.000 millones concedido por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Ayer, durante la reunión celebrada en la sede de UGT entre representantes de los cooperativistas con una delegación ugetista -compuesta por Saracíbar, el responsable de administración, Sebastián Reyna, y el secretario de acción sindical, Apolinar Rodríguez-, más de 200 socios de PSV se manifestaron a las puertas del edificio con gritos contra UGT y una pancarta con el lema "Nicolás Redondo, chorizo, dónde están nuestros pisos".El mensaje de Saracíbar a los cooperativistas redondeaba las afirmaciones realizadas a media tarde por el responsable de finanzas de UGT, Sebastián Reyna a este periódico. "Las necesidades de tesorería de PSV cada vez son más perentorias", afirmó Reyna, que admitió por primera vez la posibilidad de que la cooperativa quede intervenida por el Gobierno. Para Reyna, el proyecto PSV puede salir adelante, pero siempre que reciba apoyos. "Si el Gobierno no apoya, las casas no saldrán adelante" concluye.

La intervención de la cooperativa, solicitada reiteradamente por el representante de los socios en el consejo de PSV, Tomás Arrieta, no se ve con buenos ojos en el organismo competente en materia de cooperativas: el Instituto de Fomento de la Economía Social (INFES), dependiente del Ministerio de Trabajo. Su director general, Juan José Barrera, afirmó que su departamento se limitaría a supervisar y como máximo a "tutelar" la escisión de PSV en 72 cooperativas independientes.

Sin dinero, y con protestas casi diarias de los cooperativistas, UGT contempla cómo se agota su margen de maniobra. Sus dirigentes, al igual que los nuevos gestores de IGS-PSV, se ven obligados a taponar vías de agua continuamente.Notificación de embargoLa última ha sido una notificación de embargo de un juzgado de Zaragoza sobre los terrenos de la promoción madrileña de Pavones. Aunque no ha sido posible obtener todos los detalles -ni del sindicato, ni de la asociación de de Pavones-, fuentes de UGT han confirmado la notificación de embargo, promovido por "un acreedor general". La cuantía de la deuda reclamada se sitúa en 70 millones de pesetas. El sindicato está intentando levantar el embargo haciendo frente a la deuda con dos chalés de su propiedad en Tres Cantos (Madrid).