Una empresa encierra a 7 empleados en una maquina para eludir a la Inspección

Siete empleados sin contrato de la empresa José Ferrandis, S L, ubicada en Albal (Valencia), fueron encerrados en el conducto del aire de una cabina de pulimento para ocultarlos a dos inspectores de Trabajo que visitaron la fábrica el pasado 2 de diciembre, según informó ayer CC OO.Los inspectores tuvieron que recurrir a la Guardia Civil para rescatar a los trabajadores. Los hechos fueron denunciados al juez de Catarroja, que investiga un presunto delito contra la seguridad en el trabajo. Ningún responsable de la firma respondió ayer a las llamadas de este diario.

Tres empleados de José Ferrandis, que no quisieron facilitar su identidad, negaron ayer a las puertas de la fábrica de muebles auxiliares que los hechos hubieran ocurrido en la citada empresa. Según su versión, los empleados clandestinos fueron descubiertos en las instalaciones de Pulimento María Jiménez que, al parecer, opera en una nave que Ferrandis le alquiló en el interior de su propia empresa.

Según Miguel Montalbán, responsable de Empleo de la Federación de la Construcción, Madera y Afines del País Valenciano (Fecoma), los hechos se remontan al pasado 24 de marzo, fecha en la que el sindicato presentó una denuncia a la Inspección de Trabajo contra José Ferrandis ante la sospecha de que la empresa empleaba a trabajadores sin contrato y sin el alta en la Seguridad Social.

La inspección encontró, entonces, algunas irregularidades en cuestiones de seguridad e higiene, pero no pudo constatar la presencia de trabajadores sumergidos, informa Montalbán. CC OO volvió a denunciar a la sociedad el 16 de noviembre pasado, hecho que propició una nueva inspeción: dos funcionarios de Trabajo acudieron a la empresa el pasado 2 de diciembre acompañados por cuatro agentes de la Guardia Civil.

Interviene la Guardia Civil

Los inspectores pidieron al responsable de la empresa en aquel momento, al parecer un administrativo, que abriera el conducto del aire de la cabina. La negativa del administrativo obligó a los inspectores a reclamar la intervención de la Guardia Civil, según confirmaron ayer fuentes del Ministerio de Trabajo. Según Montalbán, la edad de los empleados clandestinos oscilaba entre los 17 y los 21 años. Los hechos fueron puestos en conocimiento del juzgado de guardia de Catarroja, donde ahora se investiga un presunto delito contra la seguridad en el trabajo, según fuentes del citado tribunal.

Precisamente ayer, el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Carlos Navarro, anunció en el Congreso de los Diputados que su departamento realizará 425.000 actuaciones el próximo año. De ellas 250.000 se dirigirán a controlar el fraude en el desempleo y 175.000 serán inspecciones a empresas en las que se presuma que pueda existir empleo irregular.