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Editorial:

Prácticas peligrosas

EL NACIONALISMO moderado catalán tiene a gala exhibir un largo discurso sobre la sociedad civil, en el que se entremezclan modernas reflexiones liberales, antiguos recelos antiestatales y la incontestable realidad de que la ciudadanía catalana ha trabado en los dos últimos siglos una sociedad bastante articulada, con un amplio tejido de entidades e instituciones intermedias.No hay nada que objetar si ese discurso político sirve para fortalecer dicha articulación social y para apoyar a un tiempo el impulso emprendedor individual y la solidaridad interna y externa. Todo que objetar, sin embargo, cuando se trata de enarbolar la sociedad civil como coartada de un plan estructurado para imponer una hegemonía cultural (la nacionalista), encorsetando a las entidades sociales en sus límites ideológicos. Y, lo que es peor, utilizando el poder político-administrativo para asfixiar a la ciudadanía en una determinada cosmovisión, por más que ésta sea legítima.

Esta es la cacicada que pretende desarrollar el consejero de Bienestar de la Generalitat, Antoni Comas, al organizar un mecanismo para el otorgamiento de las subvenciones de su departamento mediante el cual se prima, de hecho, a las asociaciones que distribuyan doctrina nacionalista, bajo la apariencia de promover la integración en la identidad catalana. Si hay que subvencionar a una entidad vecinal o a una organización no gubernamental, será en función de que su propia actividad merece objetivamente el respaldo público, y no de si constituye o no correa de transmisión de las ideas del Gobierno autónomo de turno. ¿Qué tendrá que ver la necesaria actuación para eliminar barreras arquitectónicas en las ciudades, promover la escolarización de grupos marginados, la atención a los ancianos desamparados o a la infancia, es decir, las tareas de un Departamento de Bienestar Social, con la retahíla de medidas de adoctrinamiento propuestas por Comas para lograr la "identificación y conciencia de pertenencia al país"?

Nada, naturalmente. Salvo para quienes no comparten la idea democrática, de vieja raigambre ilustrada y liberal, según la cual un país son los ciudadanos que lo componen. Y que, al contrario, consideran que un país es un ente inmaterial y perenne -eterno suelen decir algunos de sus adoradores- que posee a sus súbditos, quienes mantienen con él una relación de dependencia.

Entonces el valor de la persona -o asociación- lo establece el grado de su "conciencia de pertenecer" a ese todo. País lo llama Comas. Muy peligrosa es esta senda. Cuando lo nacional deja de ser propiedad de los ciudadanos y, al revés, los tiraniza, aunque sea a cambio de subvenciones administrativas bien recibidas por ellos, el nacionalismo traspasa la barrera que separa una ideología democrática del más puro y duro autoritarismo.

El estilo paternalista no soslaya la perversión que supone este tipo de Kulturkampf, que no es ni más ni menos que una política de socavamiento de la sociedad abierta, democrática y plural. Es lo que practica Comas con dinero público cuyos contribuyentes, al contrario que sus destinatarios, son plurales ideológica y culturalmente. Peligrosa práctica. De ahí a la tiranía y a la segregación hay poco trecho. Hay ejemplos muy claros en este continente de hasta dónde puede llevar esta política. Por eso, alguien debe parar a este hombre, y los primeros deben ser sus superiores. Es urgente.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 13 de diciembre de 1993