Cien diputados mantienen actividades privadas

El Congreso ha autorizado a algo más de un centenar de sus 350 miembros para ejercer actividades particulares, que van desde empresarios o profesionales liberales hasta la simple pertenencia a patronatos de fundaciones privadas. Más de la mitad de la lista (63 diputados) corresponde al Grupo Popular, un 45% de su total, frente a 22 socialistas, un 14% de este grupo, según las actas de la Comisión del Estatuto del Diputado, que este periódicoha podido consultar, salvo los datos de 17 diputados y otros cuatro que faltan por dictaminar. Del centenar, 36 son abogados, y 20, empresarios de muy diversos sectores. La comisión, en una interpretación benévola, según fuentes parlamentarias, ha permitido además que 45 parlamentarios al menos, que a la vez son cargos electos locales, puedan cobrar dietas o indemnizaciones, siempre que no sean fijas en su cuantía o periodicidad. No se exige declarar el monto de estos ingresos.

El sueldo bruto de un diputado asciende a 368.774 pesetas mensuales, más otras 93.702 pesetas los electos por Madrid, y 206.146 los de las restantes provincias. La última reforma de la Ley Electoral, que ha entrado en vigor en esta legislatura, obliga a los parlamentarios que quieran seguir ejerciendo actividades privadas a solicitar autorización expresa de la Comisión del Estatuto, que sólo cuenta para su decisión con los datos que aportan los propios interesados. Estos trabajos privados no pueden tener relación directa o indirecta con la esfera pública, ni afectar a la dedicación absoluta que la ley exige a los diputados. Tampoco podrán "invocar o hacer uso de su condición de parlamentario" en sus trabajos. En muchos casos es pública y notoria la condición de diputado del afectado. A pesar de estas limitaciones, se han concedido autorizaciones a parlamentarios cuyas empresas pueden dedicarse a casi cualquier actividad, según su declaración. Entre los abogados a los que se permite mantener su profesión están letrados tan conocidos como los socialistas José María Mohedano o Enrique Múgica y los populares Luis Ramallo o Rafael Arias-Salgado.

La comisión ha exigido a los 350 diputados una declaración personal de sus actividades e in tereses y en muchos casos ha reclamado información complementaria. En su última reunión, la comisión, que preside el socialista Álvaro Cuesta, acordó solicitar que se publiquen en el Boletín de las Cortes las 350 declaraciones. Cuesta ha explicado que la comisión desea dar la máxima publicidad a sus trabajos para que quede constancia de las de claraciones de cada diputado y de las posibles falsedades que pudieran descubrirse.

Renuncia expresa

Cada diputado autorizado ha recibido un escrito de la comisión en el que se le especifica a qué se puede dedicar y se detallan las limitaciones legales. Varios directivos empresariales y profesionales liberales han renunciado expresamente a sus tareas para poder ser declarados compatibles, pero un grupo mucho más numeroso ha preferido solicitar la autorización. Entre quienes renuncian a sus actividades están, por ejemplo, el socialista Felipe López García, como presidente de Unicaja; el popular Xerardo Denis Estévez, como consejero de la empresa pública Mercagalicia; el arquitecto Jerónimo Andreu (IU); Salvador Carrera (CiU), que deja de ser vicepresidente de Ferrocarriles de Montaña Gran des Pendientes o el nacionalista canario José Carlos Mauricio, como consejero de la Caja de Ahorros de Canarias. Los profesores de centros públicos han debido solicitar excedencia y sólo se les permiten tareas extraordinarias sin remuneración fija. Sí pueden cobrar por actividades literarias y dar conferencias.