Defensa cree que sólo hay 2.000 implicados en el fraude de las facturas falsas

El secretario de Estado de Administración Militar, Julián Arévalo, reveló ayer en el Congreso de los Diputados que apenas 2.000 personas en total, entre militares profesionales, soldados y funcionarios civiles del Ministerio de Defensa, están implicados en el caso de las facturas falsas para dietas gestionadas por la agencia de viajes Turiben.Arévalo compareció en la tarde de ayer ante la Comisión de Defensa de la Cámara baja para responder a varias preguntas planteadas sobre el caso de los miles de facturas falsas que esta agencia de viajes de Albacete expidió para que miembros de las Fuerzas Armadas justificasen de forma irregular sus dietas de alojamiento.

El secretario de Estado de Administración Militar no dio una cifra exacta sobre la cuantía del presunto fraude, pero recalcó que son "cantidades mínimas" si se compara con el total del presupuesto de Defensa para las indemnizaciones por comisiones de servicio -16.000 millones de pesetas- y que están muy por debajo de las cifras publicadas por distintos medios de comunicación.Comparación positiva

El representante del Ministerio de Defensa agregó que el 96% de los implicados que son militares profesionales no supera el empleo de comandante y dejó claro que si la Administración de Defensa contrastase los datos de estas irregularidades con las situaciones similares que se pueden producir en cualquier otra institución pública o en una empresa privada, "saldría extraordinariamente bien parada".

Julián Arévalo coincidió con los portavoces de la oposición que le interpelaron (Arsenio Fernández de Mesa, por el Partido Popular, y Salvador Carrera, por Convergéncia i Unió) y con el portavoz socialista, Federico Sanz, en la conveniencia de estudiar un cambio en la actual normativa sobre comisiones de servicio, de forma que se vuelva a la situación anterior al año 1984, cuando las dietas generadas por este tipo de comisiones se pagaban al generarse sin necesidad de que tuviesen que ser justificadas por medio de documentos.

Arévalo dejó claro que todas las comisiones de servicio de este caso de facturas falsas se realizaron efectivamente; es decir, que no se inventó ningún viaje, y que en ningún momento se superó la dieta máxima por alojamiento establecida en la legislación vigente, que, para los militares, oscila entre las 4.100 pesetas de la clase de tropa y las 14.000 de los oficiales generales.

El secretario de Estado de Administración Militar sugirió al resto de las administraciones públicas, e incluso a las empresas privadas, la conveniencia de adoptar medidas como las que Defensa ha extendido a toda su organización tras este escándalo, como mejor forma de evitar que se produzcan allí irregularidades como éstas.