El embajador de España en Chile regresa a Madrid y confirma el deterioro de las relaciones bilaterales

Poco antes de subir al coche que le llevaba desde su residencia al aeropuerto de Santiago, el embajador de España en Chile, Pedro Bermejo, dijo a los periodistas que las relaciones entre los dos países son ahora "menos buenas que hace seis meses". El diplomático hizo esta declaración antes de salir rumbo a Madrid, llamado a consultas por el Gobierno español, que pretende así dejar palpable el deterioro en las relaciones bilaterales causado por el traspaso ala justicia militar del caso Soria. Carmelo Soría, español y funcionario de la ONU, fue asesinado por la Dina, la policía secreta de la dictadura, en 1976.Bermejo reiteró que el Gobierno español considera que la designación de un magistrado del Tribunal Supremo como juez para el caso "es la mejor garantía de que se haga la investigación". Indicó también que no podía precisar el tiempo que permanecerá en Madrid.

Rechazó el embajador Pedro Bermejo que haya cometido alguna injerencia en los asuntos internos de Chile. "Lo único que estamos pidiendo desde el principio, oficialmente, es que se esclarezca y se haga justicia en el caso de la muerte de un ciudadano español. Es un caso de violación del derecho a la vida, de un derecho humano. Es importante que este caso se investigue y no quede totalmente impune".

Reconoció que le parecía positivo que el Gobierno chileno haya presentado el lunes ante el Tribunal Supremo un recurso -formulado por el propio ministro de Exteriores, Enrique Silva Cimma- para que reconsidere su decisión. Sin embargo, es el Gobierno español quien "deberá decidir si la apelación del Gobierno chileno al Supremo alivia las cosas", concluyó Bermejo.

El destino del caso Soria está ahora, una vez más, en manos del Tribunal Superior. El Gobierno sostiene que la responsabilidad de las relaciones externas corresponde al presidente de la república, y que es atribución de éste, por tanto, determinar si éstas se han deteriorado. Una disposición legal permite al Ejecutivo pedir la designación de un juez instructor de la Corte Suprema cuando un delito afecta a las relaciones exteriores del país. Esta disposición fue aplicada en el juicio por el asesinato, en Estados Unidos, del ex ministro Orlando Letelier, lo que llevó a la condena a penas de cárcel, por primera vez, de los máximos jefes de la Dina.