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Impulso constitucional

UN NIÑO nacido el día que murió Franco habrá alcanzado la mayoría de edad hace un par de semanas, y por más que retroceda en el tiempo no podrá recordar a la España preconstitucional en la que crecieron sus padres. Quince años, el curso de una generación según el cómputo de Ortega, han transcurrido desde que los españoles se dieron a sí mismos una Constitución democrática. Es ya la tercera en duración de nuestra historia, después de la de Cánovas, que duró casi medio siglo, y la de 1845, que estuvo en vigor hasta 1869. A esos niños que han crecido con la Constitución de 1978 y ahora acceden a la plenitud de sus derechos civiles les parecerá algo natural, evidente de suyo, poder disfrutar de libertad para organizarse, para manifestarse, para leer periódicos sin censura previa o para escuchar por la radio críticas de todos los colores contra el poder político.La Constitución de 1978 no es ya sólo el símbolo de la transición pacífica, un instrumento nacido del consenso y válido para facilitar el cambio de régimen, sino el marco que ha garantizado las libertades, expresado el pluralismo y facilitado la convivencia de las generaciones que hoy componen la población española. Su texto, al que se reprocharon mil insuficiencias o ambigüedades, ha demostrado suficiente fortaleza para resistir los ataques del golpismo y la necesaria flexibilidad para responder a situaciones complejas, no previstas o mal evaluadas en su momento. Si se compara con otros países, incluso no tan lejanos, cabe concluir que si España tiene muchos problemas (empezando por los derivados de la depresión económica), no es el del marco constitucional uno de ellos.

Pero la adhesión genérica a los valores democráticos constitucionales coexiste ahora con una tan notoria como creciente desafección de los ciudadanos hacia sus representantes políticos (y hacia los partidos en general). Los escándalos alimentan la desconfianza permanente, y el caso de Italia está demasiado cercano para desdeñar los riesgos implícitos en tal situación. Incluso es posible que una de las causas del fracaso de la negociación social haya sido esa desafección: los ciudadanos se han desentendido, y sus representantes no se han sentido suficientemente presionados para alcanzar un acuerdo. La recomposición, de un clima de consenso político respecto a las deficiencias observadas en el sistema podría, así, ser ahora la llave para impulsar una salida de la crisis que suponga a la vez un reforzamiento de las instituciones.

El XV aniversario de la Constitución es una ocasión para pasar revista a esas deficiencias y plantearse, sin precipitaciones, un calendario de las reformas que, siendo necesarias, podrían hoy suscitar el consenso. No necesariamente mediante reformas del texto constitucional -aunque no habría que excluirlas en terrenos como la adaptación del Senado al Estado autonómico-, sino mediante acuerdos sobre la neutralidad de la televisión pública, la ley electoral -tal vez con reformas inicialmente aplicables sólo a localidades con menos de 10.000 habitantes-, los criterios de elección de cargos institucionales o la transparencia de la financiación de los partidos.

Pero, sobre todo, con un cambio en los comportamientos. La identificación de los ciudadanos con sus representantes pasa también por la renuncia por su parte a cesantías y otros privilegios no justificados, por una utilización más escrupulosa de los fondos públicos cuando están en activo, por una separación radical entre la esfera pública y el ámbito de los intereses particulares. Y por el cumplimiento de sus obligaciones. Como la de asistir a los actos oficiales de conmemoración del 15º aniversario de la Constitución. Lo de ayer fue una vergüenza. Y los intentos de algunos por justificarlo en nombre de supuestas razones ideológicas, bordearon el ridículo. ¿Impulso democrático? Pues comiencen por ahí.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0006, 06 de diciembre de 1993.

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