El fiscal solicita vía libre al juicio contra Asunción por rigor excesivo en la cárcel

El Ministerio Fiscal ha pedido al Tribunal Constitucional que dicte una sentencia en la que desestime el recurso de amparo promovido por Antoni Asunción y Gerardo Mínguez contra la resolución judicial que ordenó la apertura de juicio oral, por imputárseles, entre otros delitos, interceptación y apertura de correspondencia, rigor innecesario y prevaricación durante el mes de agosto de 1991 en la cárcel de Sevilla, cuando ambos acusados ocupaban altos cargos en la Administración penitenciaria. El fiscal niega que durante la investigación de la causa se vulnerara el derecho a la defensa u otras garantías constitucionales.

El escrito de alegaciones del fiscal, de 12 folios y firmado por el fiscal jefe ante el Tribunal Constitucional José Julián Hernández Guijarro, pide a la sala primera del alto tribunal que desestime el recurso formalizado. En caso de que sea aceptada la petición del fiscal, Asunción -ex secretario de Estado para Asuntos Penitenciarios y actual ministro del Interior- y Mínguez -ex inspector general de Instituciones Penitenciarias- tendrían que sentarse en el banquillo de los acusados y serían sometidos a juicio ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, siempre que el Parlamento concediera el suplicatorio para Asunción, dada su actual condición de diputado. Actualmente, la causa está suspendida por el Constitucional, a petición de los recurrentes.El fiscal recuerda que Asunción y Mínguez alegaron que durante la investigación de la causa por la juez de instrucción número 9 de Sevilla, Eloisa Gutiérrez, se les vulneraron sus derechos constitucionales, en especial los de defensa e igualdad de armas, dado el desconocimiento de los hechos que se les imputaban. Contra tal argumento, el fiscal señala que, a pesar de la agilización de los trámites propia del procedimiento abreviado, la juez de Sevilla cumplimentó todas las garantías constitucionales según la ley, a la vista de que consideró los hechos constitutivos de delito.

Todo empezó hace dos años, en agosto de 1991, cuando a raíz de los violentos incidentes ocurridos en la cárcel del Puerto de Santa María (Cádiz), en los que un recluso llegó a decapitar a otro, Asunción y Mínguez acordaron un programa de actuación respecto a un grupo de internos, previamente incluido en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES), como subgrupo de "régimen especial" (FIESRE). El control de ese programa pasó de hecho a Madrid, desde donde Asunción y Mínguez ordenaron que cualquier incidencia de los internos del FIES-RE debían comunicárseles inmediatamente por teléfono o fax y que toda la correspondencia de los mismos quedaba controlada.

El escrito de acusación de la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) describe los esposamientos prolongados durante varios días y señala que algunos presos fueron inmovilizados "de pies y tobillos a la cama, sobre el somier, al haber sido retirado el colchón, debiendo efectuar los internos sus necesidades fisiológicas sobre sí mismos".

Las penas pedidas para Asunción son más de seis años de cárcel, 36 de inhabilitación, multa de un millón de pesetas y otro de indemnización para cada una de las 13 víctimas, con responsabilidad subsidiaria del Estado.