El halcón ya sabe minar al enemigo

Una de las decenas de pancartas en una de las decenas de marchas convocadas en los últimos años en Euskadi para jalear a los presos de ETA reflejaba, negro sobre blanco, los nombres de los más odiados por la banda. En destacado lugar, Antoni Asunción. El complejo ETA reconocía, vía insulto ("torturador"), el daño que se le había causado.Máximo artífice de la dispersión de los reclusos etarras, Asunción, en sus cinco años al frente de la administración penitenciaria, ha convertido ésta en pilar fundamental de la lucha antiterrorista. Ello le ha hecho también objetivo prioritario de la banda armada, de lo que dan fe su constante escolta o su vehículo blindado.

Antoni Asunción Hernández, tercer ministro de Interior en 11 años de gobiernos de Felipe González, nació en Manises (Valencia) el 12 de julio de 1951, en una acomodada familia de industriales. Soltero, ha realizado estudios de Ingeniería Técnica Industrial y Master de empresas.

Frío y tenaz, dicen quienes le conocen, puede ser tan duro como Corcuera, pero envolverá sus decisiones en calculadas vueltas, lejanas al impulso directo del que ha hecho gala su antecesor. A los que le acusan de implacabilidad, replica que sólo aplica "el rigor imprescindible".

Llegó a la entonces dirección general de Instituciones Penitenciarias en agosto de 1988, tras haber sido designado el 29 de julio anterior. José Luis Corcuera llevaba menos de un mes con los designios de Interior. Los presos de ETA estaban concentrados en pocas cárceles -particularmente, Herrera de la Mancha-, lo que facilitaba a la banda mantenerles con una piña. Asunción trazó el plan y comenzó la dispersión constante por cárceles de toda España, a veces a miles de kilómetros del País Vasco. Resultado: se quebró la resistencia de cientos de internos -y de sus familiares- a la reinserción, y la banda perdió uno de sus tesoros, el rígido control sobre reclusos a los que publicitaba como cautivos.

El mantenimiento de la dispersión ha ido paralelo a la concesión de beneficios a los presos que expresaban su nítida repulsa a la banda: Isidro Etxabe y Juan Antonio Urrutia, ahora en tercer grado (van a la cárcel a dormir) han sido ejemplos palmarios. Bajo el mandato de Asunción se han conocido públicamente las disensiones entre los internos de ETA a través de grabaciones a veces en el filo de la legalidad, como ha manifestado el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Luis Martí.

Las grabaciones han servido también para demostrar que abogados de Herri Batasuna servian de altavoz transmisor de las órdenes de la cúpula etarra. El letrado de la formación independentista Txemi Gorostiza está acusado por ello de colaboración con ETA, y Antoni Asunción tendrá que testificar en esta causa la próxima semana en la Audiencia Nacional.

Todo ello ha ido haciendo de cárceles y presos una fuente primordial de información para el Estado de cuanto sucedía en ETA y de los planes de la banda. Un mundo del que a Asunción no se le escapaba nada.

El puesto de Asunción pasó a secretaría general en enero de 1991. Dimitió para presentarse a las elecciones del 6 de junio y, ya como diputado, volvió al cargo con el rango de secretario de Estado, aunque su oculta aspiración era un lugar en Asuntos Exteriores.

Asunción llega ahora a Interior con una idea que ha mantenido meridiana: la solución al terrorismo pasa por la reinserción antes que por la negociación. Y para hablar de algo, es primordial mantener la fuerza. En una entrevista el pasado mayo, cuando era ex, decía: "Ni confío, ni creo que sea posible el final dialogado [a la violencia etarra]. La única vía es la policial".

Otros en conocer la firmeza de Asunción han sido los internos de los GRAPO o los reclusos que convirtieron el verano de 1991 en una sucesión de motines. La receta de traslados y soledad ha sido el mejor específico para los internos que hicieron de aquel estío un polvorín.

El hasta ahora máximo responsable penitenciario ha cambiado la forma de gestionar las cárceles, obligando a sus directo res a seguir cursos de organiza ción empresarial. Bajo su mandato se han cerrado 13 prisiones obsoletas y se han abierto 11 nuevas, dentro de un ambicioso plan para construir macrocárceles más seguras y menos hacina das fuera de los cascos urbanos. Un plan a varios años vista lanzado en 1991, con una inversión total de 127.000 millones, que ha chocado con la oposición de los vecinos de algunas zonas donde están previstos nuevos centros.

Polémicas con los jueces

Asunción comparte con su precedente en Interior un sarpullido judicial. La relación del nuevo ministro con algunos jueces, particularmente de Vigilancia Penitenciaria, ha sido todo menos cordial, hasta llegar al indisimulado enfrentamiento con la entonces juez de vigilancia número 1 de Madrid, Manuela Carmena. Asunción presentó contra ella una queja al Consejo General del Poder Judicial, que fue archivada, después de que la juez autorizase la visita a Carabanchel de dos miembros de una comisión de derechos humanos norteamericana, contra el criterio del director de esa cárcel.

Sus mayores polémicas han venido por la excesiva liberalidad judicial, a su entender, al conceder permisos a algunos reclusos peligrosos, máxime cuando la administración penitenciaria se había opuesto antes.

Conflictos con los jueces han acabado en su paso por los tribunales. El ultra José Fernández Cerra, condenado a 197 años por la matanza de Atocha, le denunció en 1989 por trasladarle para que no disfrutase un permiso de seis días, del que gozó luego. Dado el celo del mismo juez que dio el permiso, Asunción, acusado de prevaricación, se sentó en el banquillo de la Audiencia de Madrid el 4 de diciembre de 1992. Fue absuelto, pero la sentencia le reprochó haber "desatado" una "campaña periodística contra el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid" por otorgar permisos a reclusos ultras.

El pasado enero, la titular del juzgado número 9 de Sevilla, Eloísa Gutiérrez Ortiz, abría juicio oral contra Asunción y otros responsables carcelarios por rigor innecesario con 13 reclusos muy peligrosos. Asunción debió presentarse varias veces y depositar una fianza de 20 millones, que avaló el Estado. El Tribunal Constitucional paralizó el proceso en mayo pasado.

Militante del PSOE desde que tenía 26 años y miembro de su Comité Federal, se ha ido distan ciando sin velocidad de su inicial alineamiento guerrista. Su comunicación con Alfonso Guerra cuando éste ocupaba la vicepresidencia del Ejecutivo era muy fluida. Con Narcís Serra, las relaciones han sido más neutras.

Como responsable de la agrupación socialista de L'Horta Sud, una de las comarcas valencianas más pobladas, es barón en una federación del PSOE llena de barones, aunque sólo el pasado 6 de junio logró su primer acta de diputado como número tres por Valencia, detrás de Ciprià Císcar y el ministro Vicente Albero.

El nuevo ministro tiene otra cara en su perfil que le ha hecho favorito de Corcuera para el recambio: su conocimiento de la Administración periférica del Estado, tras haber ganado dos veces las elecciones municipales en su pueblo natal o ser cinco años (de 1983 a 1988) presidente de la Diputación Provincial de Valencia.

El hasta ahora responsable de los recintos más clausurados huye, cuando puede, a los espacios más abiertos y navega por el Mediterráneo. en un pequeño barco pesquero rehabilitado.