Un regate de más

CORCUERA No debió vincular su continuidad a un fallo favorable a sus tesis por parte del Tribunal Constitucional, porque al hacerlo condicionaba dicho fallo. Pero una vez producida la sentencia, su salida era obligada porque la hipótesis contraria, que siguiera en el cargo, bien por retirada del compromiso, bien porque el presidente no le aceptase la renuncia, supondría añadir un elemento de burla al desplante. Sería insólito que quien planteó el problema en tales términos- objetivamente, de presión sobre el tribunal- tuviera luego la posibilidad de rehuir sus consecuencias, una vez que el desenlace ha sido diferente al previsto por él. Eso sí que sería desmoralizador, y en ese sentido tiene razón Corcuera cuando dice que habría que haber oído a los que critican su salida si por cualquier motivo -y siempre hay asesores dispuestos a apañarlos- se hubiera vuelto atrás de su compromiso de irse. Pero ahí se acaba el acierto de Corcuera en su despedida de ayer, porque casi todo lo demás que dijo fue bastante disparatado.Corcuera pudo haberse ido con la dignidad de quien ha jugado y ha perdido, pero no resistió la tentación de un último regate, y eso agrandó, en lugar de disculpar, su derrota. La vanidad que otras veces ha derribado a sus enemigos le perdió ayer a él, cegándole respecto a su verdadera situación, y sus descalificaciones de Anguita y Trillo, entre otros, bordearon el ridículo. Al secretario general del PCE le reprochó serlo tras haber dicho que no aceptaría el puesto. Aparte de que es un delito que comparten los secretarios generales de todos los partidos, no se entiende el sentido del reproche cuando la petición de coherencia que le había hecho Anguita coincidía con lo que el propio Corcuera acababa de exponer como fundamento de su dimisión. A Federico Trillo le calificó con soma de "eminente jurista", le recomendó volver a la Universidad y se ofreció para darle clases particulares. Pero no fue sabiduría jurídica lo que a continuación exhibió Corcuera en su intento, algo pueril, de hacer pasar por victoria la derrota que le había: llevado a dimitir.

Es cierto que el tribunal no ha declarado inconstitucional toda la ley, sino algunos de sus preceptos, pero: 1) ello ha ocurrido respecto de un texto que ya había sido expurgado de sus componentes antijurídicos más obvios tras el severo dictamen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); 2) nadie había impugnado la totalidad de la ley, sino determinados artículos; 3) los preceptos que el tribunal considera inconstitucionales son dos (no uno, como dijo Corcuera), y sobre un tercero, el de la identificación, introduce tales cautelas, por vía interpretativa, que prácticamente modifica su contenido; 4) esos preceptos rechazados o reinterpretados son, en todo caso, los que habían polarizado la discusión, tanto entre los juristas como en la opinión pública.

Esa polarización fue en parte provocada por el propio Corcuera, que atribuyó al artículo 21.2 -el relativo a la entrada en domicilio sin orden judicial, en determinadas circunstancias- un papel crucial en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia en general. Imprudente atribución cuando desde el primer momento se sabía que existían dudas razonables sobre su constitucionalidad. Por otra parte, nunca ha sido cuestionada la facultad del Parlamento para definir legislativamente el concepto de delito flagrante, siempre que esa definición respetara, a los efectos de entrada policial en los hogares, los rasgos esenciales que la Constitución atribuye a dicho concepto. Justamente lo que, según la sentencia, no hacía el artículo 21.2. U obvia posibilidad de esa definición legislativa que recuerda la sentencia no constituye, por tanto, como pretendió ayer Corcuera, un tanto a su favor.

José Luis Corcuera ha sido un buen ministro del Interior, pero su empecinamiento en este asunto ha sido lamentable, y quienes le dieron la embarcada demostraron tan escaso talento jurídico como el ministro para no meterse en camisa de once varas. Por añadidura, ese empecinamiento ha dado a la discusión un tono de reyerta -agravado por el desplante de la amenaza de dimisión- que ha impedido plantear en términos racionales debates que sí eran acuciantes, como el de la necesidad de reforzar la colaboración entre los jueces y la policía para hacer frente a las nuevas y cada vez más extendidas formas de delincuencia.