Un 'arrepentido' de la Operación Mago se niega a declarar por temor a represalias
Antonio Cebollero Campos, uno de los arrepentidos procesados en el macrojuicio de la Operación Mago contra al narcotráfico gallego, que facilitó a la policía la captura de 1. 103 kilos de cocaína, se negó ayer a contestar a los interrogatorios del fiscal antidroga y los defensores para no poner en peligro la integridad de su familia. Aunque su testimonio, que prometía ser uno de los más reveladores, se frustró con su silencio, Cebollero, al menos, ratificó todas las declaraciones sumariales que hiciera en su día ante el juez Baltasar Garzón.Cebollero, para quien el fiscal pide 12 años y un día de prisión y una multa de 130 millones de pesetas, respondió sólo a las primeras preguntas del fiscal y admitió que hizo algunas gestiones para que la policía pudiese incautar un cargamento de más de mil kilos de cocaína: "A usted le consta", añadió dirigiéndose al fiscal antidroga, Javier Zaragoza, "que yo colaboré con las autoridades con el ánimo de asumir las responsabilidades en estos hechos, pero también con el ánimo de que no se pusiera en peligro la integridad de mi familia. En consecuencia, no deseo contestar a ninguna otra pregunta".
Con aspecto siempre apesadumbrado, Antonio Cebollero hace vida aparte de los demás acusados desde que comenzó el macrojuicio. Se sienta en solitario en la tercera fila de banquillos, está siempre rodeado y escoltado por cuatro policías y entra y sale de la sala del juicio cuando ya lo han hecho todos los demás. Aunque tiene el privilegio de no compartir los grilletes con ningún otro procesado, su situación parece mucho peor que la de los otros arrepentidos, Ricardo Portabales y Manuel Fernández Padín, puesto que él se encuentra preso y debe comparecer a todas las sesiones del juicio.
Su intervención en el sumario fue providencial al facilitar la captura de 1.103 kilos de cocaína en el interior de una caravana aparcada junto al hotel Barajas. Cebollero, según el fiscal, se trasladó desde Colombia a Madrid para coordinar los envíos de cocaína del cartel de Bogotá a España y, junto con Alberto Vagas Vera, se encargó de su distribución en Madrid, mientras que Alfredo Cordero y Manuel Charlín tenían encomendada la introducción de la droga por las costas gallegas.
Planeadoras
Otro de los acusados, Eulogio Romero Betanzos, que sufrió recientemente un accidente de tráfico y cuya ausencia obligó a suspender dos sesiones del juicio, compareció con un brazo escayolado. Afirmó ante el tribunal que le pagaban 25.000 pesetas al mes por "cuidar" de dos lanchas planeadoras, de cinco motores cada una, y que precisaban de dos a tres tripulantes que atendieran los motores en cada recorrido. Romero Betanzos, para el que el fiscal pide 20 años y 200 millones de multa, negó que utilizase las planeadoras para aproximar a la costa miles de kilos de hachís desde el buque que transportaba la droga.
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