Dos torres gigantes con pies de barro

Las Puertas de Europa, las que dejó Kuwait Investment Office (KIO) empantanadas, ni son puertas, ni serán de KIO. Esta pirueta de la arquitectura moderna ha caído en la red de sus acreedores -Cajamadrid, Fomento de Construcciones y Banco Central Hispano, principalmente-, los únicos que pueden sacar a los edificios gemelos del olvido.

Un grupo de inversores kuwaitíes inició la aventura constructora en 1990 con dinero prestado que no han devuelto. Tras dos intentos de vender las torres en pública subasta al precio de 80.000 millones y 60.000 millones de pesetas, mañana volverán al juzgado por tercera vez los dos gigantes inclinados, que nacieron entre mil polémicas y algunos recursos.

Constructoras -6.000 millones- y bancos -más de 20.000- tienen como principal moroso al grupo KIO, y, ahora, esperan cobrar el dinero que pague en la tercera subasta, ya con un precio de salida libre, el futuro comprador de los dos edificios inconclusos. Ese comprador pueden ser los propios acreedores, interesados en llenar el agujero de KIO aunque tengan que concluir el edificio para venderlo.

Las torres no disponen siquiera de los estudios de control de calidad necesarios. Intemac, la empresa encargada de ejecutarlos, también recuerda una cuenta pendiente con los kuwaitíes, y ha anunciado que hasta que no reciba los 177 millones de pesetas que le deben no emitirán el certificado que acredite la seguridad de los dos bloques.

Estos dos colosos de 103 metros de altura, mucho hormigón, cristal y acero, mantienen silencio desde diciembre del año pasado, fecha de la suspensión de pagos de Prima Inmobiliaria, propietaria de las torres. La clientela de la Plaza de Castilla, usuarios del transporte público en su mayoría, se ha cansado de mirar al cielo para seguir el crecimiento de una criatura que ha enmudecido.

Permuta histórica

El 5 de junio de 1957, Eladio Díaz Grande, notario de Madrid, dio fe de una permuta de terrenos que, muchos años después, llenaría páginas enteras de periódicos. Urbanor, empresa inmobiliaria de titularidad pública e italiana, llegó ese día a un acuerdo con la Comisaría General de Ordenación Urbana de Madrid para intercambiar unas fincas. Las de Urbanor sirvieron para que el Estado abriera y urbanizara la avenida del Generalísimo, hoy paseo de la Castellana. A cambio, los italianos recibieron los solares de la Plaza de Castilla, donde se les permitía edificar 125.000 metros cuadrados. Treinta años, cinco meses y 21 días después, los italianos, desesperados por no haber podido construir nada sobre aquellos terrenos, venden Urbanor a Construcciones y Contratas, de. Los Albertos (Cortina y Alcocer, primos y casados con las hermanas Koplowitz, propietarias de la constructora).Durante esos 30 años, cinco meses y 21 días, los italianos intentaron llenar aquellos solares con un edificio de 11 plantas (en 1958), dos torres de 44 pisos (1967), y, por último, un bloque abierto de ocho alturas (1981). Todo fue inútil.

El 3 de mayo de 1983 los técnicos municipales concedieron licencia al último proyecto de Urbanor. Pero los solares seguían gafados. 27 días antes, el Ayuntamiento había iniciado la planificación del futuro urbanístico de la ciudad y había suspendido todas las licencias, incluida la del bloque abierto de ocho alturas en la Plaza de Castilla.

Susto

Los italianos volvieron a empezar y comprobaron que ser propietario de aquellos solares era como estar sentado sobre un barril de pólvora. Y, en 1983, estalló. Ese año, los administradores municipales decidieron que, como remate de la ciudad por el norte, era bastante una torre y pintaron de verde la segunda parcela de la Plaza de Castilla para construir un parque. De un plumazo, Urbanor veía reducida a la mitad su capacidad de edificar en los terrenos malditos.Andrea Ciaccio y Giuseppe Orlandi, representantes de Urbanor, iniciaron la peregrinación a los juzgados. Recurrieron contra la paralización de la licencia para construir ocho plantas. Y volvieron a recurrir contra los dictados del nuevo Plan General que les impedía edificar los 125.000 metros cuadrados conseguidos en una permuta legal de terrenos. El Ayuntamiento acabó negociando con los italianos, que retiraron sus recursos y recuperaron la edificabilidad perdida.

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El 31 de octubre de 1984, Ciaccio y Orlandi firmaban el acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid, que devolvía los 125.000 metros cuadrados de edificabilidad en la plaza de Castilla a los propietarios de Urbanor. Éstos, por su parte, regalaban al Ayuntamiento una multiestación de transportes y un túnel subterráneo en la zona.

Juan Barranco, entonces primer teniente de alcalde de Madrid, recuerda que la ciudad sacó gratis de aquella negociación el paso inferior y el intercambiador, del que todavía no se ha puesto una sola piedra ni se ha recibido una peseta. "Nosotros negociamos una buena operación. La polémica edificabilidád es algo que los dueños tenían desde mucho tiempo antes. Querían construir ahí y nosotros no se lo podíamos impedir", señala. Francisco Herrera, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid, encabezó la oposición política al proyecto para edificar en la plaza de Castilla. Él no considera un regalo el intercambiador y el túnel: "Es absurdo considerar eso como un regalo, porque el Ayuntamiento no lo necesitaba. El túnel sólo está al servicio de las propias torres, porque con las 10.000 personas que podrían trabajar dentro la zona se habría atascado hasta estallar. Además, el paso subterráneo facilitaba la construcción de los cimientos del rascacielos".

Los italianos, que aceptaron costear el túnel y la multiestación en 1984, se retiraron del proyecto un año después, con las parcelas todavía desiertas. Alberto Cortina y Alberto Alcocer, primos, lanzaron la caña en representación de Construcciones y Contratas para comprar Urbanor. Como cebo pusieron 4.000 millones de pesetas. Y los italianos picaron y se olvidaron definitivamente de unas parcelas con trampa. Los Albertos tardaron dos años en desprenderse de la patata caliente, que vendieron a los kuwaitíes por 21.000 millones de pesetas. El negocio fue redondo. En dos años, unos terrenos vacíos generaron 17.000 millones de beneficios. Los solares sólo estuvieron 24 meses en manos españolas, que los convirtieron en oro. A ese precio los compró KIO para iniciar su particular travesía del desierto. Edificar los rascacielos se convirtió en una empresa titánica y apabullante.

Los Albertos, con Juan Barranco ya como alcalde (1987),negociaron el contenido arquitectónico de los terrenos y dejaron todo listo para construir. "Conocí a los dos primos en la inauguración de la incineradora de Valdemingómez", recuerda Barranco. "Me extrañó encontrar tantos fotógrafos en un acto municipal. Allí se hizo la primera fotografía de los Albertos, esa de la gabardina que salió en la prensa. Hasta entonces no los conocía ni sabía que estuvieran preparando la urbanización de los terrenos de la plaza de Castilla".

El 28 de noviembre de 1987, el Pleno del Ayuntamiento aprobó los planes urbanísticos presentados por los Albertos para que los propietarios de los solares de la plaza de Castilla pudieran construir 125.000 metros cuadrados. La superficie se repartía entre cinco parcelas donde se podían levantar dos torres de 27 plantas y 103 metros de altura destinadas a oficinas, otros dos bloques de 37 metros de altura y 12 plantas para apartamentos residenciales, y una multiestación de transportes de siete metros de altura y una planta.

KIO compra a 'los Albertos'

El mismo día que los concejales, con el voto en contra de Izquierda Unida, daban su visto bueno a un asunto atascado en el Ayuntamiento de Madrid desde 1956, los Albertos vendían los terrenos a un grupo de inversores kuwaitíes que habían aterrizado en España cargados de millones. Desde el 28 de noviembre de 1987 al 23 de febrero de 1990, los kuwaitíes tuvieron que soportar los ataques de la legión vecinal del barrio de San Cristóbal y los recursos de IU contra el proyecto para levantar los rascacielos. Jesús Espelosín, concejal de Urbanismo entre 1983 y 1989, también sufrió la testarudez de los vecinos, que le dejaron en ridículo en uno de los momentos de mayor tensión. Cuando desde distintos frentes se cuestionaba la legalidad de la operación, Espelosín explicó que una sentencia del Tribunal Supremo ordenaba mantener la edificabilidad de los solares. Nadie encontró nunca esa sentencia. Entre otras cosas porque sólo existía en 1a imaginación de algún técnico municipal", según fuentes municipales.Pero el 23 de febrero de 1990, un año y medio después, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid aceptó el recurso de Francisco Herrera, portavoz de IU, y consideré ilegal la construcción, que ya se encontraba en fase avanzada. Tras varios días de polémica, con opiniones para todos los gustos, KIO resolvió continuar con las obras y recurrir la sentencia. La crisis económica que llegó un año después consiguió detener las obras, algo que no había sido capaz de hacer la justicia.

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