¿Qué fue del grupo Torras?

A punto de subastarse su símbolo (las torres de Europa en Madrid) y un año después de la debacle del Grupo Torras, uno de los más grandes escándalos financieros de Europa que ha causado pérdidas cercanas al medio billón de pesetas al grupo Kuwait Investment Office (KIO), la justicia no ha esclarecido aún las causas ni sus posibles responsables. Es más, la judicataura española ni siquiera ha determinado si existen o no motivos para iniciar una investigación sobre un affaire que puso en entredicho la normativa bursátil española, la veracidad de la información recibida por el Gobierno sobre las inversiones de KIO en España, la solvencia de las empresas del grupo y que ha amenazado miles de empleos. En este tiempo Torras se ha desprendido de varias empresas.

El 4 de diciembre de 1992, el Grupo Torras presentaba en los Juzgados de Madrid la mayor suspensión de pagos de la historia de España con unas deudas de 243.000 millones de pesetas de las cuales el 90% correspondían a su accionista, el grupo Kuwait Investment Office (KIO). Ese día estalló de verdad la crisis de KIO, aunque lo cierto es que comenzó a larvarse cuando, en mayo del mismo año, las autoridades kuwaitíes decidieron relevar a su hombre de confianza en España, Javier de la Rosa, que hasta esa fecha había contado con todas sus bendiciones para hacer y deshacer. Con De la Rosa cayeron los kuwaitíes Fouad K. Jaffar y Fahad al Sabah, vicepresidente y presidente de Torras. KIO les acusaba de haber sido la causa de unas pérdidas cercanas a los 500.000 millones de pesetas y de haber desviado fondos en beneficio propio.

Rosario de acontecimientos

Desde aquella fecha, se sucedieron una serie de acontecimientos que han marcado la evolución del Grupo Torras-KIO: enfrentamientos entre el anterior equipo gestor de Torras y el nuevo, cuya dirección se encargó al kuwaití Mahmoud al Nuri; suspensiones de pagos de empresas del grupo en cadena (Ercros, Fesa y Enfersa y otras empresas del grupo de fertilizantes, Industrias Burés, Prima Inmobiliaria y el propio Grupo Torras); la puesta en venta de todas las empresas del grupo; las querellas presentadas por KIO contra De la Rosa y varios miembros de su equipo, que fueron rechazadas por el juez de delitos monetarios, Miguel Moreiras; los expedientes contra dicho financiero por sus actuaciones irregulares en la Bolsa al eludir el lanzamiento de OPA; las órdenes de busca y captura de ex directivos de nacionalidad kuwaití por parte del gobierno del emirato...Un rosario de elementos rematado con la presentación ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del informe auditado de los ejercicios de Torras de 1991 y 1992, que presentaba unas pérdidas de 197.552 millones de pesetas cuando se habían anunciado beneficios. El informe también reconoce un patrimonio negativo de 141.834 millones en 1992 frente a uno positivo de 151.338 millones en 1990. Evidentemente, los nuevos responsables de Torras culparon a sus antecesores de tamaño desastre y, entre otras cosas, de haberse autoprestado 73.200 millones para sus empresas.

La crisis de KIO ha salpicado directamente al Gobierno español y en menor media al catalán, por sus relaciones con De la Rosa. El Gobierno central puso la maquinaria en marcha para esclarecer todas las incógnitas que rodeaban las inversiones del grupo en España desde 1984 y que, en mucho casos, el propio Gobierno había facilitado, sobre todo en autorizaciones de ayudas que no pasaron por Consejo de Ministros como es preceptivo para las inversiones extranjeras procedentes de países no comunitarios.

En esas coordenadas hay que situar el viaje al emirato de Pedro Pérez, el 19 de diciembre de 1992, a la sazón secretario de Estado de Economía, para amarrar del Gobierno kuwaití una retirada no traumática de sus empresas españolas, de las que dependen 30.000 empleos directos.

El Ejecutivo de Felipe González se alineó con las tesis defendidas por los nuevos responsables de KIO. En febrero, el entonces ministro de Economía, Carlos Solchaga -testigo directo de las inversiones desde ese cargo y desde el anterior de titular de Industria-, recalcó en el Congreso de Diputados que tenía la sensación de que KIO había engañado al Gobierno. Luis Carlos Croissier, ex ministro de Industria y presidente de la CNMV, insinuó primero (en febrero) y disparó después (en abril) contra los anteriores gestores al abrir un expediente sancionador contra las empresas Prima y Ercros por haber eludido el lanzamiento de ofertas públicas de adquisición de acciones (OPA).

Demandas y querellas

La crisis fue aprovechada por el Partido Popular, que anunció en dos ocasiones -una en plena campaña electoral- que había elementos suficientes para querellarse contra varios miembros del Gobierno, aunque nunca lo llevó a afecto. Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña, sin dejar de atacar al Gobierno (el diputado Ramón Espasa fue el que destapó que la mayor parte de las operaciones no habían pasado por Consejo de Ministros en un duro debate con el entonces ministro de Industria, Claudio Aranzadi), optó por presentar una querella contra el anterior equipo gestor de Torras en Barcelona.La cuestión es que, además de esas actuaciones consideradas irregulares, el grupo KIO se encontró con que había perdido cerca de 500.000 millones de pesetas en sus inversiones en España y que únicamente una mínima parte estaba justificada. El resto se había evaporado, a juzgar por los documentos presentados por KIO al ministro de Economía (los mismos que, en diskettes, fueron sustraidos del Ministerio de Economía).

Pero todas las denuncias, demandas y querellas que trajeron consigo estas irregularidades están empantanadas en los juzgados de Barcelona, Madrid y Londres. El juez de delitos monetarios Miguel Moreiras ha rechazado cuatro veces la querella presentada en la Audiencia Nacional en la que KIO reclamaba a Javier de la Rosa y su equipo 120.000 millones de pesetas por desviación de dinero de Torras a diversas cuentas particulares y por estafa, entre otros delitos. La única esperanza de los abogados de KIO es que, ahora que la querella ha pasado a manos de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, su reclamación pueda prosperar.

Batería de abogados

La sala obligó a Moreiras a revisar su primer auto, que defendía que la detección de irregularidades debía buscarse a través del proceso de suspensión de pagos. Moreiras la volvió a rechazar por dos veces. Ahora, según fuentes del equipo de abogados de Torras, se está esperando que Moreiras envíe los recursos de apelación contra el auto a la sala segunda de la Audiencia. El equipo jurídico de KIO lo forman José María Stampa Braun, José María Stampa Casas, Manuel Cobo del Rosal, Luis Mingarro y Miguel Bajo (los tres últimos incorporados posteriormente tras haberse rechazado la querella la primera vez).En el caso de la demanda civil por más de 70.000 millones de pesetas presentada en Londres contra una veintena de antiguos responsables de Torras, la magistratura británica está estudiando, a petición de los defensores de De la Rosa, si es competente o, por el contrario, debe inhibirse por estar en marcha otro proceso en Madrid. Ambas partes esperan una resolución de los tribunales de Londres en el transcurso del próximo mes, después de haber aportado durante las dos últimas semanas sus respectivas alegaciones. Todos, unos y otros, confían en ganar esta primera batalla de Inglaterra.

Javier de la Rosa, por su parte, ha interpuesto también cuatro demandas contra sus anteriores jefes, la última de las cuales, no conocida hasta ahora, reclama a KIO 140.000 millones de pesetas como indemnización por los perjuicios producidos por las denuncias de los árabes. Esta causa se sigue en el juzgado número 8 de Barcelona. Sin embargo, Javier de la Rosa ha decidido ser precavido y ha iniciado un proceso de cambio de titularidad de sus sociedades de inversión en España, como, por ejemplo. Quail, según fuentes financieras catalanas.

Esta información ha sido elaborada por Miguel Angel Noceda Jorge Rivera y Manel Pérez.