El 20% de quienes reciben un piso social no paga desde hace años

El Instituto de ha Vivienda de Madrid (Ivima) gestionado por el Gobierno regional, deja de ingresar casi 400 millones al año por impagos, según los datos del propio organismo. Exactamente, un 20%o' (de los ocupantes de viviendas oficiales -unas:20.000 personas- no paga sus cuotas mensuales desde hace años. El Ivima admite que, sólo por problemas informáticos y administrativos, unos 2.500 adjudicatarios de los tres últimos años no pueden abonar sus cuotas. Sin embargo, las asociaciones de vecinos aseguran que los impagos por esos problemas se remontan a años antes.

El director gerente del Ivima, Miguel Palmero, admite "lentitud y falta de agilidad" en ese organismo. Palmero reconoce que unas 6.000 viviendas han sido adjudicadas, sin contratos en los tres últimos años. Ésta es la causa por la, que la Administración no ha podido pasar los recibos, a pesar de las paradójicas reivindicaciones de los vecinos, que reclaman pagar lo que deben. Según Palmero, de estas 6.000 viviendas ya se han hecho unos 3.00,0 contratos y quedan pendientes 2.500.Pero, según las asociaciones de vecinos, los problemas administrativos vienen de más atrás. Muchos de los adjudicatarios de ocho barrios de Madrid -Caño Roto, Las Viñas de Entrevías y Fuencarral, entre otros- no han podido pagar desde el año 1987. En la colonia de Santa Mónica, en Alcalá de Henares, unos 500 vecinos no pueden abonar sus recibos desde hace 20 años por diversas irregularidades en los trámites de adjudicación, según fuentes del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

Los ciudadanos que acceden a viviendas sociales pueden hacerlo por (los vías: casas cedidas en alquiler o en propiedad. En este último caso, los adjudicatarios son dueños desde el principio y pagan una cantidad mensual durante un número de años. En ambos casos, la cantidad mensual que tienen que abonar oscila entre 500 y 15.000 pesetas.Sin embargo, el 20% de las 100.000 viviendas de patrimonio público no abonan sus recibos, según la versión oficial. De ellos, unos 12.000 han dejado de pagar por propia voluntad, mientras que 5.000 no pueden saldar sus cuentas porque han adquirido ilícitamente la vivienda al adjudicatario inicial y el inmueble, por tanto, no está a su nombre.

No obstante, otras fuentes dentro del Ivima aseguran que el número de adjudicatarios que no paga sus cuotas mensuales asciende al 75%. Según estas fuentes, sólo los que tienen escrituras de propiedad -unos 10.000- pagan en un alto porcentaje, en un 99%. En este caso, los retrasos en el abono de las deudas generan intereses de demora.

El desahucio no es rentable

En ocasiones, los jueces consideran que la insolvencia es causa suficiente para no pagar. Miguel Palmero dice que el Ivima está "pillado" para actuar contra este tipo de situaciones, cuya resolución se demora durante años. Y añade: "Abrimos expedientes de desahucio a todas las situaciones irregulares, pero para que sean efectivas es necesario iniciar una actuación judicial que puede prolongarse durante años". La actuación de la Administación también se ve frenada porque «el desahucio tiene una rentabilidad política negativa", según reconocen distintos miembros del organismo público.Pero mientras el Ivima pierde dinero -este año recaudará unos 4.000 millones-, algunos hacen negocio. Unos venden su casa por el doble o el triple de lo que les costó -algo totalmente prohibido- y al cabo del tiempo solicitan otra al Ivima. Otros venden la vivienda adjudicada por la entidad pública, ocupan otra por medio de la llamada patada en la puerta y la revenden por otros dos o tres millones. Algunas casas se han traspasado de forma ilegal hasta cinco veces, afirman miembros de diversas asociaciones vecinales.

Al mismo tiempo, muchos de quienes adquirieron hace años una vivienda de forma irregular -pagando un traspaso al adjudicatario- pretenden ahora, sin éxito, regularizar su situación. "Hace nueve años que venimos negociando con el Ivima para que nos legalice, pero siempre nos dan largas", afirma una de las 200 afectadas de la colonia Puerta Madrid, en Alcalá de Henares.

Hay miles de personas que no han regularizado sus casas. El Ivima reconoce unas 5.000. Según las asociaciones de vecinos, sólo en tres barrios -Vallecas, Puerta Madrid y San Fermín- existen unas 1.000 viviendas en esta situación. En esta última colonia, de las 500 viviendas la mitad están ilícitamente ocupadas según su asociación de vecinos.