El Congreso francés aprueba la reforma de la Constitución sobre el derecho de asilo

El Congreso francés, que engloba a los parlamentarios de la Asamblea y el Senado, aprobó ayer en Versalles por 698 votos a favor y 157 en contra la revisión del artículo 89 de la Constitución para adaptarla a los acuerdos de Schengen referentes a la libre circulación de las personas y al derecho de asilo, y adoptados por todos los países comunitarios excepto Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. Hasta ahora la Constitución francesa obligaba a examinar todas las demandas de asilo político. El nuevo artículo permite que, en el caso de que al demandante le haya sido denegado el asilo en cualquiera de los países firmantes del acuerdo de Schengen, las autoridades francesas se amparen en la decisión adoptada por ese país para no tomar en cuenta su petición.Socialistas y comunistas, por razones distintas, se mostraron contrarios a una revisión que transforma lo que antes era "obligatorio" en una "posibilidad". La revisión fue provocada por el Consejo Constitucional que, el 13 de agosto pasado, declaró ilegales varios artículos de una ley presentada por el ministro del Interior, Charles Pasqua, destinada a restringir el derecho de entrada y residencia en Francia de extranjeros no comunitarios

Críticas de Balladur

El primer ministro Edouard Balladur criticó implícitamente al Consejo Constitucional por haber ampliado su control al preámbulo de la Constitución, en el que se recoge que "todo hombre perseguido en razón de su acción a favor de la libertad tiene derecho al asilo sobre los territorios de la república". Según Balladur, el preámbulo representa "principios generales, a menudo más filosóficos y políticos que jurídicos", y es lamentable que los sabios del consejo hayan "preferido definir ellos mismos y de manera muy precisa el contenido"."Bastaría con que una décima parte de quienes demandan asilo político en Europa viniesen a intentar una segunda oportunidad a Francia para que el número de candidatos a asilo en nuestro país se triplicase", explicó Balladur. En 1992 vivían en los países vecinos de Francia 141.000 personas con estatuto de asilado. Los dos tercios de las demandas presentadas por ciudadanos originarios de Irak, Afganistán, Vietnam y Albania están siendo aceptadas, mientras que sólo se acepta un 9% de las formuladas por turcos, zaireños, chinos, malinianos, angoleños o haitianos. Otros países cuyas demandas no prosperan más allá de un 20% son Bulgaria, Rumania, Líbano y Colombia.

Antes de comenzar la sesión, el presidente del Congreso, Philippe Seguin, tuvo que ordenar la expulsión de la sala de algunos consejeros regionales del Frente Nacional de Le Pen, que gritaban, desde las tribunas asignadas al público, contra "un simulacro de debate del que se excluye a los únicos auténticos oponentes a la política de inmigración-invasión", según ellos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 19 de noviembre de 1993.

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